Con apoyo del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia hacia Niñas y Mujeres, la asociación Ciencia Social Alternativa –Cocay– lleva a cabo en cinco municipios de Yucatán el proyecto piloto Rutas de Prevención y Atención a la Violencia hacia Niñas con Discapacidad en los Espacios Educativos, de Salud y de Justicia.
Eso informó ayer la coordinadora de ese proyecto, María Teresa Miyar Bolio, integrante de Cocay, quien explicó que este proyecto que se empezó en septiembre del 2018 durará tres años, por lo que este es su segundo año.
Dijo también:
–La primera fase se ha hecho en los municipios de Valladolid, Ticul, Tizimín, Motul y Mérida, fortaleciéndolos en temas de derechos humanos, discapacidad y violencia. Para la segunda fase se creó un equipo de investigadoras para fortalecer la preparación, el diseño y el sustento de las tres rutas de prevención y atención a la violencia en el área educativa, en el área de salud y en el área de justicia, que es lo que se va a presentar hoy aquí. Después del diseño de estas tres rutas, hemos estado haciendo talleres. Fueron 15 talleres: empezamos con la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Municipal de la Mujer. Se presentaron las rutas, y estas rutas han sido retroalimentadas y enriquecidas con las opiniones y las experiencias de las personas que trabajan el tema en la Secretaría de Salud, con la Segey, con la Fiscalía, la Prodemefa, con el DIF Estatal y el Municipal, y hoy con las organizaciones de la sociedad civil, y estamos regresando a los municipios de nuevo para que igual cada municipio se retroalimente y enriquezca las tres rutas de prevención y atención.
Proyecto piloto
–¿Hay una estadística de las niñas con discapacidad en Yucatán?
–No hay una base de datos dura para hablar de números exactos. Lo que sí le puedo decir es que las niñas con discapacidad, y supongo que los niños también, tienen un 80% más de posibilidades de ser abusados que los niños que no tienen discapacidad.
–¿Sólo han llegado a cinco municipios?
–En esta primera fase, sí.
–En lo que falta no van a avanzar a todos los 106 municipios, ¿verdad?
–No. Esto fue un proyecto piloto para poder dejarle tanto a la sociedad civil como a los funcionarios de las Secretarías de Salud y de Educación, estas rutas y el camino a seguir para evitar la violencia en educación, en salud y sobre todo en el área de la justicia. Pero para los demás municipios vamos a hacer una campaña publicitando las rutas y, luego, buscaremos una extensión del proyecto para poder llevarlo a los otros municipios. Son las siguientes fases: la fase de acompañamiento, de fortalecimiento de las capacidades, la fase del diseño de estos talleres y el diseño de las tres rutas de prevención y atención, junto con un manual de operación que vamos a tener y a repartir a todos vía electrónica como parte del diseño de una campaña publicitaria que va a durar todo un año, y la entrega finalmente de las rutas. Entonces si pudiéramos en otra fase del proyecto con fondos de las Naciones Unidas ampliar a otros municipios, estaríamos encantadas.
–¿Quiénes les apoyan en este proyecto:
–María Teresa Vázquez ha tenido un papel fundamental en el acompañamiento de este proyecto, la Secretaría de las Mujeres ha tenido un acompañamiento también importante en este proyecto, el Sippina también. Hemos tenido mucho apoyo de las instituciones para poder convocar a las personas que trabajan estos temas.
Normalizada la violencia
–¿Por qué está tan atrasado Yucatán en estos temas?
–Es un trabajo que no se ha hecho y que estamos empujando, y con la colaboración de todos pues sí, creo que podemos avanzar.
–¿Hay mucha violencia contra las niñas con discapacidad?
–Está normalizada totalmente la violencia hacia las niñas, los niños y las personas adultas con discapacidad; la sexual, el descuido, la negligencia, la violencia física, la no inclusión, están normalizadas.
–¿Por qué no se ha hecho una estadística sobre las niñas con discapacidad?
–Es que son cifras ocultas porque las familias aceptan como un dolor permanente el hecho de que relacionan discapacidad con sufrimiento. Y es la idea que tenemos que cambiar, por eso hay que denunciar y por eso hay que decirles a los padres de familia, decirles a los maestros, a los profesionistas de la salud: si un niño o niña con discapacidad es víctima de algún tipo de violencia hay que denunciar, porque es una persona que tiene el mismo derecho a ser feliz, a vivir libre de violencia.
Y hay que usar las leyes: la Ley de los Derechos de los Niños, las Niñas y Adolescentes, la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Protección de los Derechos Humanos, las recomendaciones de las Naciones Unidas, esos instrumentos jurídicos hay que usarlos y hay que tener un registro único, para que entonces sí podamos tener datos claros para saber cuáles son las cifras de este problema.
(Roberto López Méndez)