Ahora resulta que ante la carencia será el pueblo quien cargue con la losa generada desde las cúpulas del gobierno, buscar soluciones a un problema refiere a generar propuestas que conduzcan a salir de ese problema, no a agudizarlo, cargarle la mano a los trabajadores y las trabajadoras con más impuestos es un acto de usura en plena cuesta de principios de año, decir que los impuestos aprobados en el Congreso del estado de Yucatán serán usados en beneficio popular propiciando ganancias millonarias a empresa privadas es en lo absoluto un absurdo, pero además, querer, junto con la losa que se coloca encima de la espalda a la clase trabajadora, robarle con la mano en la cintura, es ya una desvergüenza cínica que no merece perdón, el nuevo proceso de reemplacamiento viene a ser una cereza en el pastel colmado de amargo sabor para el año que inicia.
Resulta ser que las placas que pretende el gobierno cobrarle a la ciudadanía son las más caras de toda la península, incluso más caras que en muchos otros estados de la República en donde el salario mínimo es mayor, esto, junto a la ya denunciada maña de inflar el precio por placa al extremo de sobrepasar el doble, triple o mucho más del costo original, todo según para obtener recursos en beneficio del pueblo, ¿pero quién puede creer que con más impuestos y cobros sumamente excesivos se logra beneficiar al pueblo?, un pueblo que en estos tiempos está siendo arrojado a la calle por el aumento del desempleo propiciado por los despidos masivos que se registran en las dependencias de gobierno, instituciones y demás centros laborales dependientes del recurso público, ¿a quién creen que engaña el gobierno con sus justificaciones trilladas y mentirosas? La avanzada de cobros se multiplica con aumentos a impuestos existentes y la implementación de pagos por servicios que no existían como en el Registro Público de la Propiedad y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El gobierno de Yucatán dice que todo se debe a los supuestos “recortes” en el presupuesto anual enviado por la federación, pero como ya se ha demostrado esto es totalmente falso, voces calificadas de los sectores obrero, político, académico y del propio sector empresarial al que pertenece el gobernador, han desmentido esa falsa justificación, no existe ese recorte presupuestal, al contrario, hubo un aumento en el recurso destinado a la entidad, lo que sucede es que fue etiquetado por el presidente de la
República de tal forma que no podrá ser usado de manera corrupta y ventajosa por el actual gobierno, y eso es lo que les genera malestar, el no poder seguir transando a costa del erario público tan fácilmente como están acostumbrados, aunque esto último no significa el fin de la corrupción, sino que la hace más compleja en su ejecución.
La muy lamentable tradición de los gobiernos es servirse a su antojo del presupuesto público para dar cauce a sus intereses privados y oscuros, cosa que ahora se les dificulta por la política federal anticorrupción, la salida que buscan para continuar enriqueciéndose a costa del trabajo del pueblo son los impuestos y cobros excesivos, es tal su deseo y necesidad de usura que mienten con tal desvergüenza que alcanzan niveles desconocidos en la inmoralidad, la falsa “austeridad” con que se disfraza el gobierno no es tal, sino el discurso que esconde el claro despojo del bienestar al pueblo, despidos, falta de pago a trabajadores y trabajadoras, impuestos, robo y simulación, eso es lo que gobierna en Yucatán. Es hora de que el pueblo yucateco comience a levantar la voz y organizarse para revertir el atraco desvergonzado que se ejerce sobre su bienestar.
*Integrante del Colectivo Disyuntivas