El conflicto legal suscitado entre el ayuntamiento vallisoletano y los representantes de una conocida empresa gasolinera que intenta establecer dos estaciones de servicio en la ciudad, da un nuevo giro luego de que el alcalde recibiera una llamada en la que trataron de intimidarlo a fin de que “diera luz verde” a los trabajos de construcción efectuados a la altura de las calles 40 por 45 del barrio de San juan y 37 por 30 de la colonia Centro.
Apenas el día de ayer, el alcalde Enrique Ayora Sosa interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado acusando a quienes resulten responsables por hechos probablemente delictuosos, tras la llamada de una persona que utilizó dolosamente el nombre de José Carlos Puerto (actual Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación) para intentar intimidarlo, diciéndole que tenía en posesión videos que presuntamente no habían salido a la luz, “porque el Gobernador estaba conteniendo a la prensa”.
El edil precisó que, durante la llamada, se le acusó falsamente de haber ordenado detenciones arbitrarias a través de la Policía Municipal y que esas violaciones al Estado de Derecho no serían permitidas por el Gobierno del Estado, para acto seguido ponerle de ejemplo el caso de las clausuras realizadas para la construcción de las estaciones de servicio de la empresa FullGas, “en perjuicio de la familia Figueroa”.
Al asentarse la denuncia, Ayora Sosa indicó que el sujeto, con un tono fuerte, nombró insistentemente a personas de apellido Figueroa e incluso le preguntó por qué su administración “no había actuado con el mismo rigor en el caso de la familia Medina”, argumentando que sólo trataba de afectar los intereses de los primeros.
En relación a lo anterior, el Ayuntamiento emitió un comunicado mediante su Departamento de Comunicación Social, precisando que las estaciones de servicio operadas por FullGas se encuentran en proceso de demolición y trámites legales por derecho de posesión, no así el caso de las labores de construcción.
Se explicó que fue precisamente debido a esos problemas legales que se procedió a la clausura de la estación que pretende establecerse en el barrio de San Juan (calle 40 por 45), mientras que en el caso de la estación del Mercado Municipal (calle 37 por 30) se encuentra bajo medida de protección por 40 días, a raíz de una decisión emitida por la propia Fiscalía General del Estado.
En el mismo comunicado se indica que, debido a la intervención del municipio en el caso de la estación de San Juan (propiedad de la familia Figueroa), fue que sus representantes realizaron declaraciones a través de un medio de circulación estatal en contra del Ayuntamiento y del primer edil vallisoletano.
Haciendo un recuento del caso, se menciona que el conflicto se hizo evidente el 30 de octubre pasado, cuando un aparente desacuerdo entre presuntos propietarios y arrendatarios del predio ubicado a la altura de la calle 37 por 30 de la colonia Centro, ameritó la intervención de elementos de la Policía Municipal y el asesor jurídico externo del Ayuntamiento, Euberto Díaz Rivero.
En su momento, el propio Díaz Rivero manifestó que “unas personas giraron órdenes para realizar trabajos en el sitio diciendo tener un permiso y posesión debida del predio, algo que quienes dicen ser los propietarios negaron”, por lo que al haber en el sitio trabajos de construcción se requirió la intervención de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con la finalidad de verificar los permisos de construcción, limpieza y mantenimiento del lugar, “y en caso contrario se clausuraría”, tal y como efectivamente se hizo.
Como se recordará, hace poco más de tres años, durante la administración de la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, iniciaron los trabajos para la construcción de las referidas gasolineras, pero ante las continuas solicitudes de los vecinos para la detención de los trabajos argumentando el peligro que representaba para las familias situadas en las inmediaciones y otras situaciones de índole administrativa, fue que finalmente las labores se detuvieron, siendo que en fecha reciente, durante la administración de Enrique Ayora Sosa, intentaron reactivarse, pero han surgido nuevos problemas ahora en relación a la legítima posesión de la propiedad.
Por Redacción POR ESTO!