Si la casa de una persona se ve afectada por inundaciones, por ejemplo, o un auto se daña por los baches de una calle, y esto tiene que ver con malas acciones o permisos irregulares otorgados por las autoridades, éstas tendrían que indemnizar a los afectados, de acuerdo con la iniciativa para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado deYucatán que promueve la bancada de Movimiento Ciudadano.
Con este ordenamiento que se busca el dueño de un automóvil podría reclamar a la autoridad si éste se daña por un bache y que tenga que ver con malas acciones o decisiones que se hayan tomado en este sentido, por ejemplo, por parte de algún ayuntamiento.
“El trabajo desidioso, mal hecho, de una autoridad, tendrá hoy una consecuencia”, expuso la diputada Silvia López Escoffié.
Esta iniciativa de Ley establece las obligaciones de las autoridades para indemnizar a los particulares en caso de sufrir un percance ocasionado por una actividad administrativa irregular.
Expuso que esta Ley ya existe en 17 estados del país y, además, a nivel federal, por lo que Yucatán está rezagado en este tema.
“En Yucatán hay un rezago legislativo, en que la autoridad se hace responsable de los daños que puedan repercutir por su mala administración, para decirlo claramente”, comentó.
Como ejemplo mencionó el caso del Fraccionamiento Las Américas, donde las casas sufrieron afectaciones por lo que pudieron ser malas decisiones, permisos y demás, de parte de la autoridad. En este caso aplicaría la Ley, para indemnizar a los particulares.
“En otros estados ya pasa que si un auto se daña por los baches, los ayuntamientos pagan y en este sentido las autoridades tendrían que comprar seguros y esforzarse para hacer un trabajo más seguro, aunque hay una excluyente de responsabilidad si los daños fueron por causas ajenas, como fenómenos naturales”, expuso.
“Se trata de homologar la Ley estatal con la federal; Es para ayudar a todos los ciudadanos, es algo constitucional, es ponerse a la altura, cuando Yucatán siempre ha sido de los primeros ligares, a la vanguardia, y ahora somos de los últimos en este tema”, agregó.
Dijo que desde el 14 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que establece claramente que “es la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.
La Ley propuesta se compone de 34 artículos, en donde se contempla la forma en que se harán las valuaciones de los daños, los plazos para pagar, y qué ocurriría si una persona fabrica mal intencionadamente un percance, a fin de cobrar una indemnización.
La legislación dicta que son entes públicos obligados los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Yucatán, Ayuntamientos, así como las dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Estatal y Municipales y los Órganos Constitucionales Autónomos.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.
Por David Rico