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Nueve instituciones de las 59 que supervisó el Instituto Estatal de Transparencia reprobaron en su obligación de transparentar los recursos públicos que reciben, informó ayer el comisionado presidente Inaip, Aldrín Briceño Conrado, al presentar los resultados del Programa Anual de Vigilancia 2019.

Entre los reprobados está el Sindicato al Servicio de Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, que no transparentó absolutamente nada en su sitio web el año pasado y los ayuntamientos de Cacalchén, Chemax, Hoctún, Tahdziú y Tekit, a los que el Inaip los calificó con cero.

–El de Chichimilá sacó 1.11 y el de Tixpéhual alcanzó 3.52 y el caso de Tekit nos llamó la atención, pues se trata de un polo de inversión; entonces, los empresarios podrían pensar que si ese ayuntamiento no cumple con las leyes de transparencia, “qué otras cosas no estarán cumpliendo o cómo saber si hay un freno a la corrupción”, cuestionó Briceño Conrado.

Otros que sacaron cero son el Fideicomiso para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y la Junta Intermunicipal Biocultural Puuc.

Falta voluntad

El comisionado lamentó que haya autoridades municipales y funcionarios que no tengan la voluntad para transparentar los recursos públicos que reciben. En ese sentido, advirtió que de no subir la información que se les exige a sus páginas de internet, podrían ser amonestados públicamente o sancionados con hasta 150 mil pesos.

Precisó que los procesos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones faltantes ya comenzaron y que las sanciones se aplicarán conforme a la legislación vigente.

“Todos los sujetos obligados que no hayan cumplido con la ley, subiendo su información a las páginas de internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, van a continuar con un proceso que la propia legislación señala, a efecto de tener que ejercer, en su caso, la multa o la amonestación pública que corresponda al responsable de subir la información”, dijo.

En cuanto al tipo de sanciones señaló que la ley se refiere a amonestaciones públicas para el servidor público que resulte responsable de subir la información y multas que van de 150 a 1,500 UMAs.

Briceño Conrado añadió que el aumento en las denuncias es reflejo de un mayor conocimiento de la ciudadanía sobre el derecho de acceso a la información pública y sobre el propio proceso de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, que se difunden por medio de distintas estrategias de comunicación del Inaip Yucatán.

Puerta abierta

Agregó que el órgano garante también trabaja en acciones constantes de capacitación y asesoría para que los sujetos obligados publiquen su información en tiempo y forma.

“Algunos toman esta puerta abierta y han tenido una valoración mejor, en relación a la calificación de los años anteriores. Particularmente hemos trabajado con aquellos que hoy están arriba de 90 puntos, porque están interesados en el tema del cumplimiento de la ley”, finalizó.

Informó que hubo dependencias estatales que obtuvieron 100 de calificación, porque publicaron todas sus obligaciones de transparencia. Entre estas, destacan el Patrona Cultur y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado (Japay).

También sacaron 100 la Secretaría de Administración y Finanzas, el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones, así como Protego F/0198 y el Fideicomiso del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de Yucatán.

(Rafael Gómez Chi)

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