La violencia generalizada contra las mujeres, los feminicidios que se presentan en todo el territorio nacional, el reciente asesinato de la pequeña Fátima y el de Ingrid Escamilla generaron que en la sesión del pleno de ayer se guardara un minuto de silencio y posteriormente se presentaron varias iniciativas a favor de las mujeres para que tengan acceso a la justicia.
La diputada Karla Franco Blanco (PRI) entregó una propuesta para reformar la Constitución Política del Estado, para que, dentro de la Constitución local, en el artículo 2, se institucionalice o transversalice la perspectiva de género para que todas las autoridades y organismos autónomos del Estado de Yucatán, en el ámbito de sus competencias, tengan la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y deberán actuar con perspectiva de género.
Explicó que la transversalidad de género lleva implícitamente la adecuación, mejora o transformación de los procesos de planeación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas, para tomar en cuenta los efectos del pasado, del hoy, y, el después del hecho.
Dijo que la iniciativa, de aprobarse, impactará la conformación horizontal de las instituciones públicas, generará una visión con la que actúan, contratan, determinan sueldos, salarios, condiciones de empleo, en procurar la justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres.
Además, dijo que la iniciativa trae consigo, en forma implícita, el reconocimiento del derecho fundamental a la igualdad, por lo que el respeto por el género, resulta determinante para la estructura social y puede ser aplicada a todas las áreas del desarrollo social, político, económico, ambiental, cultural e institucional.
Propuesta morenista
Fátima Perera Salazar (MORENA), a su vez, entregó una propuesta para reformar y adicionar el Código Penal del Estado en materia de incesto, violencia familiar, delitos sexuales y feminicidio, que tiene el objetivo de aumentar las penas a estos ilícitos, que, según dijo, no solo ayudará a inhibirlos a nivel social, sino que además representa para la víctima una reparación, de alguna manera.
La iniciativa contempla modificar el Artículo 13 del Código Penal del Estado de Yucatán para integrar el delito de abuso sexual cuando sea cometido con cualquier tipo de violencia al catálogo de delitos graves.
Se contempla la modificación del artículo 227 relativo al delito de incesto que propone que cuando se cometa en perjuicio de una persona menor de edad, este delito sea tratado bajo las reglas de violación, homologando este criterio con el Código Penal federal.
Se pretende que se aumenten las penas a quienes ejerzan violencia familiar y que pasen de seis meses como actualmente se estipula a un año como pena mínima, y que pase de cinco años a siete años la pena máxima, manejando las mismas penas para el caso de violencia familiar equiparada.
Asimismo, se propone el incremento de las penas previstas en el artículo 308 del Código Penal del Estado, y relativo al hostigamiento sexual, el cual es uno de los primeros y principales y más comunes formas de violencia que vivimos principalmente las mujeres que tenemos aspiraciones de sobresalir y desarrollarnos en el entorno escolar o laboral, por lo que proponemos que las penas actuales que son de uno a tres años o de cuarenta a quinientos días de multa, y se establezca como pena mínima de tres años y la máxima de seis años o una multa que va de los doscientos a lo quinientos días.
Adicionalmente, se propone que cuando sea cometido por un servidor público, este deberá ser inhabilitado para ocupar cualquier otro cargo público hasta por cinco años, y que en caso de existir reincidencia las penas contempladas se incrementen en una mitad.
Aumento en las penas
Para el tipo penal de acoso sexual, se pretende realizar un aumento en las penas al doble para quedar en la pena mínima de dos años y la máxima de cuatro, modificando que el delito se pueda perseguir de manera oficiosa por cualquier persona menor de edad, y no solo quien sea menor de quince años, con ello se amplía el abanico en un sector que se encontraba desprotegido.
De igual modo se pretende reformar el Artículo 309 con la finalidad de ampliar la pena mínima pasando esta de ser de seis meses a cuatro años de prisión y de cuarenta a cien días-multa, a una pena mayor de cuatro a seis años de prisión y de cien a doscientos días-multa. Con ello automáticamente, cuando el delito de abuso sexual se cometa con violencia en perjuicio de una persona que no sea menor de edad, se pueda aplicar una penalidad al doble considerándose como delito grave.
Para el delito de estupro, se considera la pertinencia del aumento de este ilícito el cual considera actualmente la penalidad mínima de tres meses y la máxima de cuatro años de prisión, por lo que se propone para este caso los aumentos para quedar en tres años la pena mínima y a seis años la máxima.
Ahora bien, respecto del capítulo X, referente al delito de feminicidio, se propone la modificación del Artículo 394 quinquies en diversas partes del mismo; la primera de ellas se hace en la causal prevista en la fracción segunda, para indicar que se tratará de feminicidio cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, tortura o tratos crueles e inhumanos previos a la privación de la vida, manteniendo la parte donde se específica que, aplicará cuando estas se realicen o impliquen menosprecio a la mujer o a su cuerpo.
Por otra parte, se propone la creación de la fracción IX, estableciendo una nueva causal, y es cuando la privación de la vida ocurra con la finalidad ocultar una violación.
Se propone que se modifique y se aumente la penalidad del delito de feminicidio, con el objetivo de que se homologue en cierta medida al Código Penal Federal, el cual establece las penas de cuarenta a sesenta años de prisión, en virtud de que actualmente el Código Penal del Estado de Yucatán determina que la pena mínima será de treinta años y la mayor de cincuenta años.
Iniciativa panista
Por último, se contempla modificar el artículo 394 sexies, con la finalidad aumentar la pena máxima dos años más para aquellos servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, cuando se trate de la investigación de un delito de feminicidio, quedando en una pena que va de los tres a los diez años de prisión, y sobre todo se castigue con la inhabilitación para ocupar otro cargo o empleo público de manera definitiva.
También la diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN) presentó una iniciativa para modificar el artículo 64 de la Constitución Política estatal para incluir la perspectiva de género en la impartición de justicia, para que sea pronta y expedita en apego a los principios de autonomía, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y seguridad jurídica.
Dijo que con esta reforma los impartidores de justicia como Jueces, magistrados, tendría que aplicar en su actuar la perspectiva de género por mandato constitucional.
Otros temas
En la sesión se convocó a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 26 de febrero a las 11 de la mañana, en la cual el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, rendirá su Informe Anual de Actividades.
Además, se aprobó por unanimidad que el presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), Aldrín Martín Briceño, rinda su informe anual de actividades el próximo 11 de marzo del presente año.
Además, todas las fuerzas políticas avalaron el cambio de presidenta de la Comisión de Postulación del Reconocimiento “Consuelo Zavala Castillo”, que ahora será presidida por Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), en sustitución de Janice Escobedo Salazar (PRI), actual presidenta de la Mesa Directiva.
(David Rico / Fotos Oscar Suaste)