La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de una megagranja porcícola que pondría en peligro el manto acuífero maya de Yucatán, informaron las organizaciones Greenpeace, Fundar y Pueblo Maya de Homún.
En conferencia de prensa Lourdes Medina, abogada del caso, dijo que este tema, tomado por la Corte desde octubre de 2019, destapa la problemática que hay en torno al agua, tanto por su explotación como por la contaminación de la misma, en toda la Península de Yucatán.
Señaló que esperan que la Corte emita un proyecto de resolución antes de junio, el cual representará un precedente pues, por primera vez, establecerá el parámetro de cómo se debe fijar el principio precautorio, y podrá aplicarse en todos los casos de conflictos medioambientales.
Desde finales de 2016, recordó, la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) comenzó la instalación de una megagranja porcícola en el pueblo Homún, ubicado en la reserva de agua dulce más importante de México: la reserva geohidrológica del anillo de los Cenotes y la reserva ecológica de Yalahau.
Pese a que esa localidad está ubicada en una zona donde se filtra más fácilmente el agua de la lluvia para su distribución subterránea natural, siendo así un espacio más vulnerable de contaminación, la Secretaría de Desarrollo Sustentable aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la instalación de la granja con capacidad de 50 mil cerdos, sin tener un Plan de Manejo Integral.
Medina contó que, en 2017, el pueblo se enteró del proyecto y sus habitantes se organizaron para defender el modelo de vida que ellos mismos construyeron, que tiene que ver con el ecoturismo en cenotes, amenazados por la granja.
Los pobladores se han enfrentado a la empresa PAPO y Kekén; en el proceso, señalaron, se han violado en reiteradas ocasiones sus derechos indígenas de pueblo maya, principalmente el de autonomía y la libre determinación.
En septiembre de 2018, la granja comenzó operaciones, por lo que un grupo de niñas y niños del pueblo, junto a sus representantes legales, demandó a la granja PAPO alegando el derecho de la infancia a la salud, a una vida digna, al agua, a la autonomía y a un ambiente sano, y obtuvieron un amparo con el que ordenaron la suspensión del funcionamiento de la granja.
Ante tal decisión, la empresa impugnó la resolución y los menores pidieron que la Corte tomara el caso.
Edmundo del Pozo, integrante de Fundar, mencionó que este megaproyecto no es un caso aislado en la península ni en el país, sino que hace parte del conjunto de grandes obras que derivan de diferentes políticas neoliberales extractivistas, despojo y violación de derechos de comunidades indígenas.
A su vez, Doroteo Hau, habitante de Homún, relató que ya van tres años lucha, y aunque acudieron a todas las dependencias de gobierno, tanto estatales como federales, siempre fueron ignorados.
"Ahorita nosotros vivimos gracias al turismo del pueblo. Estamos luchando por los cenotes pero también por el agua. Los gobiernos saben cómo está el agua, ellos mismos han decretado como reservas, pero realmente no les importan”, reclamó.
Jorge Fernández Mendiburu, abogado del Equipo Indignación que lleva el caso de Homún, señaló que, en términos generales, este caso exhibe la crisis de agua no sólo por el establecimiento de granjas sino por la contaminación que hay y las concesiones que se han dado que permiten la extracción indiscriminada de agua.
Con información de Notimex
Por Redacción Digital Por Esto!