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Yucatán

Medidas para evitar actos de corrupción en esta contingencia

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción dictó una serie de medidas de un plan de trabajo para la prevención y atención de casos de corrupción en el seno de la emergencia ocasionada por el coronavirus Covid-19.

De acuerdo con las recomendaciones publicadas por Transparencia Internacional, establece como acción urgente e indispensable el registrar, analizar y dar seguimiento a los programas, fondos y fideicomisos de los recursos asignados a nivel estatal y municipal para atender la contingencia.

En esta etapa se contempla facilidad para hacer una verificación de los fondos, fideicomisos, programas y recursos asignados a través de la consulta de los documentos siguientes: Diario Oficial del Estado y Gacetas municipales.

Mantener comunicación directa con las instancias oficiales para verificar la información recopilada.

La publicación periódica, dirigida a la población, de la información registrada a través de un portal electrónico. Dicha información deberá contener contrataciones públicas, información de los bienes o servicios adquiridos; precio unitario y global; tipo de procedimiento de contratación utilizado; registro de proveedor; población a la que responde la contratación; y mecanismos de verificación de cumplimiento y Entidad pública / funcionario responsable de la contratación.

Asimismo, verificar el origen de recursos disponibles: período o condiciones de dichos recursos; necesidades que pueden ser cubiertas con los recursos; definición de autoridad responsable de la supervisión del cumplimiento de las reglas; medio y forma en la que se transparentará el ejercicio de dichos recursos; y auditorías que se realizarán para verificar el cumplimiento de las condiciones preestablecidas.

Llamado

También el análisis y publicación de avance del cumplimiento en la distribución y asignación de recursos, fondos y programas.

Convocó a la sociedad para participar activamente a través del Mecanismo de Queja del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán para reportar las irregularidades y posibles actos de corrupción detectados durante la contingencia.

En sus antecedentes del plan indicó que el mundo se encuentra ante uno de los momentos más difíciles de la historia moderna, la contingencia sanitaria derivada de la presencia del Covid-19 ha generado situaciones extraordinarias que demandan de los gobiernos y de la sociedad esfuerzos adicionales.

Debido a esta situación de emergencia, organismos como Transparencia Internacional han publicado lineamientos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que se realizarán durante la contingencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud el pasado 31 de enero de 2020 a nivel internacional y en México el 31 de marzo, por el Gobierno Federal.

En este sentido, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción publicó un comunicado estableciendo las medidas de emergencia que se deben adoptar durante y después de la contingencia.

Estos documentos coinciden en trabajar urgentemente de manera coordinada con todos los sectores de la sociedad, con el fin de vigilar que los recursos públicos extraordinarios asignados cumplan con su objetivo y se realicen todas las acciones necesarias e indispensables para la prevención de posibles actos de corrupción derivados de la adquisición, contratación o asignación de bienes, servicios y/o apoyos por parte de los gobiernos estatal y municipales.

Plan de Acción

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, como vínculo entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno, presentó un Plan de Acción con recomendaciones y acciones dirigidas a la prevención, disminución y combate de hechos de corrupción y faltas administrativas para este período de contingencia, tomando en consideración que, tal y como establece Transparencia Internacional, al hacer mal uso de esos fondos extraordinarios, se vulneran los derechos de las personas.

El documento está firmado por la presidenta Mónica Alicia Febles Alvarez-Icaza y los consejeros Javier Montes de Oca Zentella, José Luis Villamil Urzaiz, Manuel Jesús Castillo Rendón e Ivanna Ongay Xacur.

(Rafael Gómez Chi)

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