Solicitan medidas cautelares ante arranque del Tren Maya

Organizaciones ambientalistas recurren a la CIDH

El pasado 16 de mayo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la Península.

Esa solicitud se basa en los presuntos daños que ocasionaría el proyecto “Tren Maya”. De acuerdo con un comunicado que se emitió ayer, esa demanda se presentó ante el inicio de la construcción del mencionado proyecto que amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de cenotes.

Autoridades omisas

Las organizaciones expusieron que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos, además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control ni medidas de prevención ni mitigación, lo que pone en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.

El comunicado señala que estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del proyecto “Tren Maya”, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones, además de que proyecta un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año.

Conflictos socioambientales

Subrayaron que el proyecto “Tren Maya” se prepara en un contexto regional de conflictos socioambientales vigentes, caracterizados por el despojo de los bienes comunes de los territorios indígenas y campesinos de la Península de Yucatán, y prevén que la construcción e implementación de este proyecto agudizaría y aumentaría estos conflictos debido a que supone el desarrollo de nuevos megaproyectos en distintos sectores económicos (turismo, agroindustria, energía, transporte, etc.) con impactos negativos, y en muchas ocasiones irreparables, sobre el medio ambiente y el sistema de cenotes.

En su solicitud, las organizaciones manifestaron que el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación internacional de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública; aun así, tal y como ha reconocido el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 30 de abril se dio inicio a la construcción del proyecto. Expresaron que el arranque del proyecto se da en ausencia de información científica que permita identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas; incluso, mencionaron, se ha hecho pública la intención irresponsable de exentar al megaproyecto del cumplimiento de esta obligación.

Señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la obligación que tienen los Estados de realizar estudios de impacto ambiental y social frente a proyectos que pongan en riesgo la subsistencia de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos los riesgos ambientales. También ha dicho que existe esta obligación frente a proyectos que impliquen un daño significativo al medio ambiente. La Corte ha reconocido reiteradamente que, para todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios tradicionales de comunidades indígenas o tribales, el Estado debe cumplir con distintas salvaguardas, entre ellas, el realizar un estudio previo de impacto ambiental y social.

Las organizaciones solicitaron a la CIDH ordenar al Estado Mexicano: que aplicando el principio precautorio en materia medioambiental, se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto denominado “Tren Maya”; que garantice la información necesaria y completa, basada en evidencia científica, a las comunidades mayas acerca de los impactos ambientales y sociales que tendría el megaproyecto denominado “Tren Maya” en el sistema de cenotes de la Península de Yucatán, y que adopte medidas de prevención y mitigación para salvaguardar el sistema de cenotes de la Península de Yucatán frente a las amenazas y riesgos presentes.

Peligrosa amenaza

Señalaron que es indispensable que la CIDH otorgue las medidas cautelares solicitadas, dado que el megaproyecto “Tren Maya” continúa sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, con lo que permite la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya, y viola de manera irreparable su derecho al territorio y el derecho humano a acceder al agua limpia y salubre. Las medidas cautelares también contribuirían al despliegue efectivo de la aplicación del principio precautorio y consolidarían la protección medio ambiental que requiere la región.

Las organizaciones peticionarias esperan que la CIDH ordene las medidas cautelares para que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya”, que pondría en riesgo el futuro ambiental de la región de la Península de Yucatán y de las comunidades mayas por los daños irreparables ocasionados al territorio, al sistema de cenotes y a los derechos al agua y al medio ambiente sano, y a todos los demás derechos que se desprenden de este último.

(David Rico)