Rolando Bello Paredes
La dos notas relevantes de la semana anterior, en el ámbito gubernamental, a juicio de los Bocadillos, son: a). El cumplimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de sus obligaciones legales en materia de transparencia; y, b). La insistencia ejecutiva de incrementar la deuda pública del Estado (POR ESTO! 28 y 30 abril 2020).
La transparencia. La ley obliga a SAF a publicar y mantener actualizada, sin necesidad de que medie solicitud alguna, la información común establecida en la ley general de la materia, y a que dicha información sea publicada de manera clara, estructurada y entendible.
El asunto es simple: las áreas gubernamentales deben observar, inexcusablemente, las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Lo que no se conoce es cómo están cumpliendo las otras dependencias y entidades de la administración 2018-2024. Ya se sabe, “una golondrina no hace verano”.
Sin embargo, y para llegar a la excelencia en la transparencia, hace falta información que aún, hasta donde se sabe, no proporcionan las dependencias ejecutivas competentes, por ejemplo, en los asuntos relativos a la tragedia del Covid-19.
Son deudoras de información las Secretarías de Fomento Económico y Trabajo, Desarrollo Rural, Desarrollo Social, Pesca y Acuacultura Sustentables, y Fomento Turístico; y el Instituto Yucateco de Emprendedores, Instituto de Vivienda, y DIF; más la Secretaría de Salud, y la propia SAF.
El Congreso aprobó al Ejecutivo la contratación de un crédito de “hasta 1,500 millones de pesos”. Es toda la información que se conoce. Permanecen en la penumbra los detalles del préstamo, como: a). Las entidades bancarias prestamistas; b). Los montos contratados; c). Los intereses que se generarán; d). El plazo o vigencia del contrato; e). El pago mensual que hará para pagar el crédito; y, f). El monto total que pagará cada mes por la deuda pública estatal, que se incrementará con el referido crédito por 1,500 millones de pesos.
En el decreto aprobatorio se ordenó la conformación de un comité que “daría seguimiento al ejercicio, aplicación, desarrollo del proyecto y destino de los recursos autorizados”. Se denominará “Comité de Seguimiento del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud”, y se integrará por una multitud de personas: 14 representantes de dependencias y entidades de la administración pública estatal; 3 alcaldes; un número indeterminado de representantes de cámaras empresariales, organizaciones del sector obrero, de la sociedad civil, y de educación, y representantes de los sectores productivos; y dos diputados locales. A ver cómo funciona este comité (ver decreto ejecutivo 212/2020, en Diario Oficial del Estado, edición vespertina, del pasado miércoles 29.
No se ha dicho nada de las adecuaciones, modificaciones, ajustes o transferencias presupuestales que se hayan hecho para cumplir con lo aprobado por los congresistas yucatecos.
Según el “Plan Estatal para impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos” (como anuncia en su portal “apoyos.yucatan.gob.mx), o “Plan Estatal para impulsar la Economía, los Empleos y la Salud” (según publicación en Diario Oficial del estado), o “Plan de Contingencia, Protección al Empleo y Reactivación Económica” (conforme a la iniciativa ejecutiva, el dictamen legislativo y el decreto aprobado por el Congreso), de los 1,500 millones de pesos, se destinaría la cantidad de 1,000 millones de pesos, para los diversos apoyos económicos temporales.
Sin embargo, de la información gubernamental proporcionada sólo se contabilizó la suma de 884 millones de pesos. Entonces, hay un faltante por informar de 116 millones de pesos, cuyo destino aún no se conoce, por no incluirlo la información ejecutiva (ver “El plan ejecutivo por 884 millones de pesos”, en POR ESTO! 5 abril 2020).
Y de los restantes 500 millones de pesos del crédito aprobado por los congresistas, supuestamente para la “prestación de servicios de salud”, simplemente no existe ninguna información gubernamental.
Tampoco hay información del ejercicio, en su caso, de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres, cuyo monto, al 31 de diciembre de 2019, ascendía a la cantidad de 21 millones 347 mil 032 pesos, según informe de la Dirección de Administración de la Secretaría General de Gobierno.
Las autoridades estatales, administrativa y financiera, y de salud, son deudoras de la información relativa a la adquisición de 110 respiradores y de 69 monitores de signos vitales, por ejemplo, los montos de las compras, el origen de los recursos, si se adquirieron en forma directa o por licitación pública, los nombre de los proveedores de los bienes, la distribución de los respiradores y monitores, y otros más.
Como se aprecia, hasta esta fecha, la transparencia ejecutiva está resultando más bien opaca y la rendición de cuentas es casi nula e inefectiva. Las áreas gubernamentales tienen que esforzarse más para llegar a la excelencia en la materia.
Es difícil que las dependencias ejecutivas competentes relacionadas líneas arriba, tengan la iniciativa de proporcionar informes completos y suficientes acerca de las responsabilidades encomendadas por la crisis sanitaria del Covid-19. Temo que esperarán una orden del gobernador del estado. Si esto es así, éste ya no debe esperar más para dar las instrucciones pertinentes. La sociedad ya exige una efectiva rendición de cuentas.
La deuda pública. El Ejecutivo solicitó de nuevo la autorización legislativa para incrementar el endeudamiento público del estado, “hasta por 1,728 millones de pesos”, destinados, se afirma, a “inversión productiva para dinamizar la economía”, vía un “Plan de Reactivación Económica”.
De aprobarse la iniciativa, el gobierno del estado dispondría este año, mínimo, de casi 5 mil millones de pesos, para la “reactivación económica” del estado: un total de 4 mil 991 millones 687 mil 854 pesos,
Primero, con los 3 mil 263 millones 687 mil 854 pesos, que deberá ejercer este año, bajo el rubro presupuestal “Programas y proyectos de inversión en cartera” (ver “El gobierno tiene más de 3 mil millones de pesos para obra pública”, en POR ESTO! 2 abril 2020); y ahora, en su caso, con los 1,728 millones de pesos del nuevo crédito.
Ya antes, el gobierno 2018-2024 contrató créditos por la suma de 4 mil 120 millones de pesos, sin considerar intereses: a). Por 2 mil 620 millones de pesos para “Yucatán Seguro”; y, b), Por 1 mil 500 millones de pesos para “prestación de servicios de salud” y el “desarrollo económico, protección al empleo y protección social”.
El Ejecutivo estatal recibió una deuda pública, el 1 de octubre de 2018, por la suma de 3 mil 956 millones 478 mil pesos, según el informe publicado por SAF, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 15 de octubre de 2018.
El gobierno destacó el consenso político y social para elevar la petición de contratar más deuda pública estatal, “hasta por 1,728 millones de pesos”. El diputado Felipe Cervera Hernández desmintió el “consenso” y el presidente del Congreso del Trabajo, Pedro Oxté Conrado, afirmó lo contrario (POR ESTO! 1 mayo 2020).
El Ejecutivo, hasta media mañana de ayer sábado, no ha opinado nada del diferendo entre los dirigentes congresistas.
CFE. El responsable del “Suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Peninsular de la CFE”, José Antonio Aguirre Leyva, no respondió directamente a la petición del gobernador Mauricio Vila Dosal.
Le dijo, en atención a su escrito del pasado 23 de abril, en el sentido de “reducir las tarifas e implementar apoyos para la economía de las familias” (ver Bocadillos en POR ESTO! 26 abril 2020), lo que ya se sabía, desde el anterior viernes 17 de abril:
- “La CFE no podrá cobrar tarifa de alto consumo durante la cuarentena. El gobierno federal tomó la medida de asegurar el recibo de luz para todos los hogares prohibiendo el cobro de dicha tarifa, luego de que la ciudadanía mostrara preocupación por un supuesto aumento próximo en la energía eléctrica” (POR ESTO! 17 abril 2020).
Libertades restringidas. “Al decretarse la emergencia por el Consejo General de Salubridad, la Secretaría de Salud es la única facultada para emitir cualquier disposición que restrinja derechos. Sabemos de casos en Yucatán donde la fuerza pública no sólo detiene a los automovilistas, sino examina su vehículo y abre los paquetes que encuentre. Esto es una transgresión no sólo al derecho a la movilidad, sino al de privacidad” (ver ensayo de Gonzalo Sánchez de Tagle y Martín Vivanco Lira, “Federación o estados: ¿quién decide qué derechos se suspenden en la pandemia?”, Portal de revista Nexos, 27 abril 2020):
Tardeada dominical. Dicho corso, en la novela de Daniel Silva, “Casa de espías”:
- “El don es como el Santo Padre. Infalible”.