Sin negar que el acuerdo vino del Ejecutivo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) aprobó un ajuste presupuestal a través del cual cederá más de un millón de pesos de su presupuesto al Gobierno del Estado, en el marco de la pandemia por el COVID-19.
La sesión virtual que se llevó a cabo y que duró más de 3 horas, fue polémica desde su inicio, pues el consejero Jorge Vallejo Buenfil solicitó que la misma no se llevara a cabo, pues no había fundamento para que se hiciera, ya que, entre otras cosas, estaba fuera del horario de labores del instituto e, insistió, de entrada, en un “contexto de ilegalidad”. La moción no fue aceptada.
Además, otro punto recurrente fue el origen del acuerdo y, en este sentido, la presidenta del Iepac, María de Lourdes Rosas Moya, no negó los señalamientos de que fue producto de una petición directa de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra. Este punto fue señalado por los consejeros Jorge Vallejo y Jorge Valladares, en el sentido de que el acuerdo surgió luego de una reunión de la presidenta del Iepac con la funcionaria estatal.
“Diezmo” al Ejecutivo
También el representante del PRD, Luis Manzanero Villanueva, señaló que el acuerdo es para darle “diezmo” al Ejecutivo y aseguró que el gobierno estatal también se los ha pedido a otros organismos autónomos, aunque no especificó cuáles.
Luego de larga discusión, el acuerdo fue aprobado con 4 votos a favor y 3 en contra. Los consejeros que se opusieron manifestaron que la modificación presupuestal no estaba fundada, que era ilegal y que el Iepac no estaba facultado para hacer ajustes presupuestales, pues es competencia del Legislativo, además de que no hay certeza en el uso de los recursos por parte del Ejecutivo.
Lo aprobado implica un ajuste presupuestal a la baja del 10 por ciento del gasto operativo del Iepac de los capítulos 2000 y 3000, en lo que resta de año.
Acuerdo tardío
El monto equivale a 1 millón 6 mil 494 pesos que la Secretaría de Administración y Finanzas no ministrará al Iepac, por lo que el Ejecutivo podrá disponer de estos recursos que deberán ser utilizados, de acuerdo al exhorto que se incluyó en el acuerdo, para atender a grupos vulnerables y particularmente indígenas y campesinos en el marco de la pandemia por COVID-19 (el Iepac ejerce este año un presupuesto total de 214 millones 339 mil 856 pesos).
Jorge Vallejo sostuvo que los recursos son patrimonio del Iepac y que con el acuerdo se le dejaría de administrar más de 1 millón de pesos y, en este sentido, dijo que los consejeros no tienen la facultad ni el derecho de ceder esos recursos. Además, dijo que es un acuerdo que se da de forma tardía y cuando el Legislativo le negó contraer empréstitos al Ejecutivo y éste busca quién pueda abonar a su causa. También dijo que es ilegal que la disposición de los recursos se deje en manos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Pero, además, señaló que se pretende dejar en manos del Ejecutivo una cantidad de dinero que se manejará de forma discrecional.
Ilegal y riesgosa
El consejero Jorge Valladares dijo también que el instituto no tiene facultad y que es ilegal ceder dinero al Ejecutivo, cuando hay un presupuesto aprobado por el Congreso del Estado que, en todo caso, es el facultado para hacer las modificaciones en este sentido. Dijo que, de aprobarse, se comprometería la autonomía del instituto, pues no puede dirigir sus recursos a otro poder como es el Ejecutivo. “No se puede hacer algo para lo que no estamos facultados y si no lo estamos es ilegal. No se puede dejar dinero al Ejecutivo. Es una cosa mala que parece buena, pero es ilegal y riesgosa”, expuso.
Al final, a pesar de la oposición, también manifestada por el consejero José Antonio Martínez Magaña, quien cuestionó la legalidad del acuerdo y la ligereza del mismo, llamó la atención que el acuerdo inicial no pretendía dar cuenta del ajuste ni al Congreso del Estado ni a la Auditoría Superior del Estado, pero este punto se incluyó de último minuto. De igual forma, a petición de los representantes de los partidos políticos como el PRI, MC y MORENA, se estableció en el acuerdo un exhorto a que los recursos de los que podrá disponer el Ejecutivo sean utilizados para apoyar a grupos vulnerables afectados por la pandemia.
En defensa del acuerdo, la presidenta María de Lourdes Rosas Moya aseguró que el instituto tiene autonomía presupuestal y que está facultado para llevar a cabo el denominado “ajuste solidario”, que es algo completamente nuevo en el marco de la pandemia por COVID-19.
(David Rico)