Empresarios exigen “piso parejo” en energías renovables
Empresarios dedicados a la producción de energías limpias en nuestro Estado piden “piso parejo” en materia de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional y aplauden la decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El director general de Viva Energía, Benigno Villareal, socio de la compañía que instala una planta de energía eólica ubicada cerca del puerto de Progreso, dijo que en diversas ocasiones ha señalado que la Secretaría de Energía (Sener), con el argumento de confiabilidad, intenta cambiar el criterio del despacho de la energía eléctrica, pasando de un despacho económico que se utiliza a nivel internacional y en apego a las mejores prácticas, a otro basado en la supuesta confiabilidad, dejando “al final de la cola” a las energías renovables a pesar de que éstas son las más económicas.
Estrategia que las empresas del ramo consideran como un atentado directo contra el medio ambiente y la inversión nacional y extranjera que invierten en la producción de energía renovable, y tal como se previó, una gran cantidad de compañías solicitaron amparos y que la fecha todos han sido aprobados o entregados porque los criterios violentados son muy evidentes, como lo ha señalado el Poder Judicial.
A la expectativa
Por lo pronto, muchas empresas están a la expectativa y esperando la resolución de las autoridades para poder determinar las acciones a seguir para afrontar los embates que claramente se han venido dando en contra de las energías renovables en México.
Por lo tanto, no se puede decir que las obras se encuentran detenidas, sino que están actuando con cautela, esperando la resolución de los acontecimientos judiciales que se puedan dar en México en los próximos meses.
“Por lo que corresponde a la Administración Peninsular de Energías Renovables, estamos en la mejor disposición de abrir un diálogo frontal y colaborar con las autoridades federales para dar mejoras regulatorias que no sólo robustezcan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sino a todo el sector en general, diálogo que hasta hoy no se ha dado”, dijo.
En relación a las pérdidas que han sufrido las compañías del sector de energías renovables, el empresario señaló que más que las pérdidas económicas y/o particulares, lo más grave y el verdadero golpe se da a la certidumbre y a la confianza de invertir en el país, golpe que es incalculable económicamente.
“Lo que puedo decir es que, con estas acciones jurídicas de la Cofece y las resoluciones que estamos viendo por parte del Poder Judicial Nacional, es que el gran ganador es México al demostrar, hacia fuera, que es un Estado robusto y de leyes y Estado de Derecho, que favorece la inversión”, puntualizó.
Por su parte, el empresario Raúl Monforte González, dedicado a la producción de energía solar, señaló que es importante que la Cofece haya presentado una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su posición acerca de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional.
Violenta principio de libre competencia
Agregó que la demanda de controversia constitucional viene a confirmar lo que los productores de energía renovable han señalado reiteradamente desde que la Sener publicó esta política, la cual violenta el principio de competencia y libre concurrencia en el sistema eléctrico nacional y en el mercado eléctrico mayorista.
Sin embargo, si se pasa del título, al contenido, éste último dice todo lo contrario a lo que se anuncia en el título, porque no sólo entorpece la competencia, sino que carece de medidas que la favorezcan.
Explicó que la controversia presentada por la Cofece demuestra que es una institución autónoma y que no depende de órdenes o línea para actuar, por lo que es importante que permanezcan en el sistema mexicano instituciones que protejan los mandatos que les ha otorgado la Constitución Política Mexicana, que es la tutela que es la libre competencia y concurrencia en todas las actividades económicas del país.
Señaló que la controversia constitucional es mucho más importante que las decenas y quizá los cientos de amparos presentados a la fecha, porque un amparo protege a la persona que lo presenta contra un acto de autoridad que afecta sus intereses, y si éste obtiene una sentencia favorable, ya sea persona física o moral, obtiene la protección en contra del acto impugnado.
Mientras que en el caso de la controversia constitucional, en caso que la SCJN encuentre que la Cofece tiene la razón, se establecería que la política de la Sener sería contraria a la Constitución y quedaría inválida, de ese modo quedarían protegidos todos los mexicanos.
El empresario dijo que la política que pretende aplicar la Secretaría de Energía es totalmente contraria a los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, a la que se debe agregar el Artículo 25 Constitucional -que no se menciona- que en su primer párrafo señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, como argumenta la Sener al emitir su Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad, dependencia que “mañosamente” se queda con esas ocho palabritas y no da a conocer que en el mismo Artículo 25, también señala que esa rectoría es un privilegio del Estado para garantizar que sea integral y sustentable del desarrollo nacional, que fortalece la soberanía y el régimen democrático, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y del empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza y el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos.
Y que antes de terminar el primer párrafo, dice que la competitividad se entiende como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico y la generación de empleo.
Actualmente la Sener no sólo hace lo contrario, sino que entorpece la competencia al favorecer a uno solo de los participantes del mercado y compromete o amenaza el acceso abierto y no discriminatorio de las redes de distribución y de transmisión, sacrifica la eficiencia y atenta contra el Artículo 25.
(Víctor Lara Martínez)