El reparto de apoyos oficiales a familias afectadas por la pandemia del COVID-19 ha ocasionado varias denuncias contra servidores públicos debido a que se considera que utilizan como pretexto esta ayuda para hacer campaña política.
Localmente el senador Raúl Paz Alonzo y la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, ambos emanados del Partido Acción Nacional, han sido acusados de aprovecharse de la necesidad de los ciudadanos para favorecer su imagen personal con fines políticos.
Paz Alonzo habilitó un centro de acopio para recibir ayuda ciudadana en su oficina de enlace, ubicada en el predio No. 391 de la calle 34 entre 9 y 11 de la colonia Campestre, para lo cual mandó imprimir una imagen suya de más de dos metros de altura y colocarla a la entrada del lugar. En la figura aparece con pantalón de mezclilla, camisa blanca y con la mano derecha al frente haciendo la “V” de la victoria. Las fotografías se publicaron en varios medios el pasado 1 de mayo, además de que se dio a conocer también el boletín oficial que difundió en el que solicitaba despensas a los ciudadanos.
Semanas antes, también se autopromovió al entregar gel antibacterial en varias comisarías del municipio.
El caso de Cecilia
A su vez, a Cecilia Patrón Laviada se le captó el pasado 26 de abril cuando entregaba despensas en colonias del Sur de la ciudad, específicamente en la colonia Renacimiento.
El día de la distribución de los paquetes alimentarios, la también dirigente municipal del PAN en Mérida lucía pantalón blanco, blusa amarilla y cubrebocas estampado con flores.
En el Ayuntamiento de Mérida, regidores de MORENA han acusado en sesiones de Cabildo que varios funcionarios acuden a entregar despensas y se toman la foto para luego presumirla en las redes sociales.
El alcalde Renán Barrera Concha ha sido captado también entregando despenas en colonias marginadas.
Denuncia ante el Iepac y la Fiscalía
El pasado 9 de mayo legisladores federales yucatecos del PRI solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la aplicación de una medida cautelar para que el Gobernador Mauricio Vila Dosal interrumpa la distribución de cartas en los apoyos por el COVID-19 que entregaba a empleados del sector turístico y restaurantero.
Los priístas argumentaron que, mediante esas cartas, se realiza propaganda abierta del Ejecutivo estatal, lo cual representa un indebido ejercicio de recursos públicos, máxime que el Estado se encuentra en un contexto de emergencia sanitaria.
Precisaron que la medida cautelar solicitada al Iepac es en congruencia con la decisión del INE de solicitar al Presidente de la República y al IMSS la suspensión de la entrega de cartas que publicitaban un programa federal, situación que fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Uso político-electoral
Días antes, la dirigencia del PRI también interpuso una denuncia y queja ante el mismo órgano electoral por el uso político-electoral que Vila Dosal, el PAN y sus alcaldes, realizan con la entrega de despensas y apoyos distribuidos ante la contingencia por el coronavirus.
–En todos los municipios de Yucatán, a cada hogar visitado por las brigadas de entrega de despensas, se menciona que el apoyo es otorgado por Mauricio Vila Dosal y se exige a las personas que le agradezcan a él en redes sociales, aseveró la denuncia del tricolor.
Sin embargo, el Iepac emitió su resolución días después en la que exoneró de toda culpa a los acusados.
El 11 de mayo pasado, el PRI local también interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía contra del Gobernador Vila Dosal y las titulares de las Secretarías General de Gobierno y de Administración y Finanzas, por considerar que otorgaron apoyos económicos a gente vinculada a los funcionarios.
También contra MORENA
En otras partes del país también se han presentado acusaciones similares contra funcionarios del PRI e incluso de MORENA, en este caso, denunciados por el PAN y otras organizaciones civiles.
Por ejemplo, en Veracruz hubo acusaciones de que políticos recibían de “fundaciones” afines a ellos diversos apoyos para que repartieran entre gente necesitada para resaltar su imagen con fines electorales.
En Michoacán fueron señalados 25 funcionarios públicos, legisladores y políticos en general por su actividad durante la pandemia por COVID-19, lo que motivó la intervención del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
(Rafael Mis Cobá)