Yucatán

La coordinadora de Unasse informó que continúa el hostigamiento por parte de la Policía Municipal a trabajadoras sexuales de Mérida a pesar de las medidas cautelares emitidas por la Codhey.

Pese a que la Policía Municipal de Mérida ha aceptado medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) continúa el acoso a trabajadoras sexuales, particularmente en la zona del Centro de Mérida, así lo declaró la coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sociológica y Educativa (UNASSE), Amelia Ojeda Sosa.

Ojeda Sosa indicó que trabajadoras sexuales se pusieron en contacto con ella este viernes 14 de agosto para notificar que los uniformados de la Policía Municipal de la capital yucateca continúan hostigándolas, por lo que han optado por esconderse ante estas situaciones.

La coordinadora jurídica de UNASSE informó que incluso hubo detenciones de estas trabajadoras durante el transcurso del viernes 14 de agosto.

“Ya avisamos a la Codhey que la autoridad, a pesar de que ha aceptado las medidas cautelares, continúa violentando los derechos humanos de las mujeres que se dedican al servicio sexual”, expresó.

Ojeda Sosa calificó de graves las acciones de la autoridad municipal, en este caso de los policías.

“Estas acciones nos demuestran que no están respetando los derechos e ignoran cuáles son sus obligaciones, con respecto a las medidas cautelares”, sentenció.

Dijo que este actuar puede explicarse como una falta de capacitación de los uniformados municipales, pero también “por una falta de interés de los derechos humanos”.

La coordinadora jurídica de UNASSE externó que la situación es delicada debido a la conyuntura de la pandemia por COVID-19, en el entendido de que las y los trabajadores sexuales únicamente están buscando llevar el sustento a sus respectivas familias.

“Tienen necesidades también sus hijos, hijas, padres o madres, y también se están arriesgando”.

Reprimir y criminalizar

Ojeda Sosa criticó que en vez de diseñar políticas públicas municipales o estatales encaminadas a dar respuestas a estas realidades, se opta por reprimir y criminalizar este tipo de actividades.

Asimismo opinó que es necesario que la Codhey tenga acciones más contundentes y rápidas, a fin de evitar violaciones mayores a los derechos humanos, en este caso de quienes se dedican al sexoservicio.

“La Codhey debería tener acciones más contundentes, que se tenga una apertura, una visión más amplia de su trabajo, es decir, no someter estas situaciones a procesos burocráticos” argumentó.

De igual forma pidió que la autoridad tome en consideración el contexto en el cual nos encontramos por la contingencia sanitaria, toda vez que las personas que se dedican al servicio sexual pueden estar experimentando una doble discriminación en un momento complicado.

“Más que una cuestión de represión debe haber una política pública que permita a las personas el ejercicio de sus derechos humanos”, comentó.

Por último, Ojeda Sosa dijo que al momento existe temor e incertidumbre entre este grupo de trabajadoras, ya que al momento se encuentran escondidas por las acciones de la Policía Municipal de Mérida, situación que podría agudizar problemas económicos al no estar captando un ingreso.

Por Guillermo Castillo Cab