Julia, Amelia, María Conchita y don Pascual son familiares de algunas de las víctimas que fallecieron por beber alcohol adulterado y consideran que las autoridades de la Fiscalía General de Estado (FGE) no han llevado su caso de la mejor manera; temen que el presunto responsable de la muerte de sus seres queridos salga libre, por lo que exigen justicia y todo el peso de la ley.
Como se recordará, a principios del mes de mayo al menos cinco personas perdieron la vida por haber ingerido bebidas embriagantes apócrifas en el municipio de Acanceh, tres de ellas eran originarias de la comisaría de Petectunich y sus familiares son quienes buscan justicia.
Los afectados relataron que el presunto responsable de haber vendido la bebida ilegal se ha acercado para ofrecerles una compensación económica; sin embargo, lo que ellos demandan es que pague una condena en prisión.
Doña Julia es la viuda de Felipe, quien se desempeñaba como albañil y para buscar el sustento diario se trasladaba a la capital yucateca. Tras la tragedia, la señora Julia quedó desamparada y explicó que el colapso económico que el COVID-19 ha ocasionado impide que sus dos hijas puedan solventar sus necesidades.
“Me la he pasado muy mal, ni dinero tengo para pagar la corriente eléctrica, no está bien que no se haga justicia, que se deje libre a quien le dio ese veneno a mi marido”: reclamó.
La viuda lamentó el calvario que ha sufrido porque hasta los nueve días de la muerte de su cónyuge le entregaron el cuerpo y poco se pudo hacer para darle sepultura, porque tampoco pudo realizar los oficios religiosos acostumbrados.
“Ahora hay leyes que te castigan por matar a un perro, ¿acaso la muerte de nuestros familiares es menos que la de un animal? Quiero justicia para mi familia, para mi marido”: sentenció.
Asimismo Amelia, María Conchita y don Pascual, familiares de Bernardino, otra de las víctimas del alcohol adulterado, también claman justicia; compartieron que su familiar tenía 43 años, era hijo único, por lo que dejó a su padre Pascual devastado.
Los tres indicaron que, desde esa tragedia, el señor ha tenido que estar bajo tratamiento médico debido a las complicaciones físicas y emocionales que le dejó el fatal incidente.
Extrañaron el hecho de que la autoridad, en este caso la FGE, haya determinado en primera instancia que la causa de la muerte de Bernardino fue por una sustancia no identificada, hecho que aparece en el acta defunción; cuando ellos saben que la muerte de ésta y las demás personas se debió por beber alcohol adulterado.
María Conchita, sobrina del difunto Bernardino, menciona que ella se ha vuelto un puente y un apoyo para realizar las diligencias, ya que el señor tiene actualmente 80 años.
Explicaron que ahora don Pascual se ha quedado en una situación de vulnerabilidad, ya que dependía totalmente de Bernardino, era su única compañía, porque él es viudo. Ante tal panorama piden que se haga justicia y se castigue a quien resulte responsable.
“Queremos que el responsable se quede preso, no estamos interesados en que nos den dinero, porque a Bernardino nadie nos lo va a devolver, todos los del pueblo sabemos a quién le compraron ese veneno, queremos justicia”: exigió don Pascual.
Reiteraron el llamado a las autoridades para que se haga cumplir la ley, ya que consideraron que “hay muchas trabas” en la FGE, además de mostrarse insensibles con su sufrimiento, por lo pronto este lunes 28 tienen cita para una audiencia en Kanasín, en donde esperan que se haga justicia y el proceso contra el presunto responsable continúe.
Finalmente expresaron que por estas pérdidas se han visto en serias dificultades económicas al perder a la persona de la cual dependían. Consideraron que el alcalde de la localidad, Felipe de Jesús Medina Chi, no se ha presentado de manera personal para apoyar a los deudos de este caso, aunque al principio de los hechos acudió una representante del edil, pero no le dieron seguimiento al caso.
Por Guillermo Castillo