Yucatán

Denuncian amenazas de muerte contra activistas opositores al Tren Maya

Activistas indígenas aseguran que son víctimas de agresiones y amenazas por presentar recursos legales contra el avance de las obras del megaproyecto
Se han rechazado cinco amparos contra el avance de las obras del Tren Maya. Foto: Martín Zetina

Además de acusar un cierre al acceso a la justicia, activistas que realizan acciones legales contra el avance de la construcción del Tren Maya en la Península de Yucatán aseguran que han sido víctimas de agresiones y amenazas de muerte.

Durante la conferencia de prensa organizada por la Asamblea Muux Ximbal y la asociación civil Indignación, Valiana Aguilar, de Tejiendo Voces, señaló que compañeros suyos han recibido ataques y amenazas de muerte. 

La activista indígena dijo que la comunidad maya en general recibe un ataque frontal por parte del gobierno porque con la megaobra se pretende imponer una manera de vida que los pobladores no han elegido.

Viviana denunció múltiples violaciones a los derechos humanos, pero principalmente una negativa al acceso a la justicia con el bloqueo del Poder Judicial de recibir al menos cinco amparos que solicitan un alto al avance de las obras.

“Nos han denegado cinco amparos que hemos dado frente a este megaproyecto del Tren Maya cuando se ha demostrado que existen múltiples violaciones a los derechos de los pueblos, a nuestra manera de vivir. Nos han acusado, hemos tenido amenazas de muerte a nuestros compañeros, se ha hecho una falsa consulta y se han dado banderazos en un contexto de pandemia”, reclamó.

Al respecto, Guadalupe Cáceres, del colectivo Tres Barrios en Campeche, dijo que con el rechazo de estos amparos al menos 293 casas cercanas a las vías del tren resultarán afectadas y son cientos de vecinos que viven en la incertidumbre.

Los exponentes advirtieron que continuarán con las acciones legales para evitar el desplazamiento de las comunidades indígenas y aseguraron que recurrirán a cortes internacionales en caso de no ser escuchados por los tribunales mexicanos.

Por Astrid Sánchez