Ante los hechos ocurridos en la cárcel pública de la Policía Municipal de Mérida (PMM), en donde presuntamente el joven José Eduardo Ravelo fue agredido por los elementos de dicha corporación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), visitaron en los últimos dos meses 30 centros de reclusión temporal en los municipios de Yucatán.
En entrevista, el presidente de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana adelantó que las condiciones en las que se encuentran las cárceles públicas son malas y el problema no se atiende, a pesar de las recomendaciones emitidas cada año por el organismo que encabeza.
“Te puedo adelantar que efectivamente las cárceles públicas están en muy malas condiciones. Muchas cuestiones que persisten y que hoy en día ya no deberían seguir ocurriendo en los municipios, desafortunadamente siguen dándose”, expresó el ombudsperson.
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Comentó que, entre las 30 cárceles públicas visitadas, se eligieron de manera aleatoria, pero se incluyeron la de Mérida, la de Progreso, Kanasín y Valladolid, entre otras.
Sabido Santana indicó que las principales deficiencias de los centros de reclusión temporal fueron: la carencia de un registro de entrada y salida, irregularidades en el resguardo de pertenencias, falta de división entre los reos, carencia de hidratación o alimentación, falta de atención médica, malas condiciones de higiene y problemas con la infraestructura.
“Van desde el trato de los detenidos, hasta el tema de infraestructura, la falta de médico, así como la falta de registro, de bando de policía de buen gobierno, inseguridad jurídica del detenido, la extensión de los tiempos de detención, la preparación de los elementos policiacos, entre otros”, aclaró.
Sabido Santana añadió que actualmente se encuentran procesando toda la información recabada en los 30 centros de reclusión temporal, para que, en conjunto con la CNDH, puedan emitir un informe al respecto, y que será independiente al reporte de visitas realizadas por la Codhey anualmente.
Cabe destacar que en el último informe de supervisión sobre las condiciones de los Centros de Detención municipales del Estado de Yucatán realizado en 2020, en donde la Codhey analizó las condiciones de 36 cárceles públicas, el organismo detectó que dos no contaban con registro de ingreso y salida, mientras que los otros 34 sí, aunque nueve tienen registro incompleto.
Con respecto al resguardo de pertenencias, 31 cárceles tenían un registro, de los cuales, solo seis expiden un recibo para garantizar su devolución, mientras que cinco no llevaban registro alguno: Cenotillo, Chapab, Acanceh, Dzan y Tahdziu.
En cuanto a la alimentación, el informe del 2020 detectó que tan solo 17 de las 36 cárceles visitadas alimentan a los reclusos. Las otras cárceles manifestaron que la responsabilidad alimentaria recae en los familiares del detenido.
De igual forma, se detectó que 32 de las 36 cárceles visitadas no cuentan con un médico. Tan sólo Tizimín, Umán, Valladolid y Mérida tienen personal de salud para realizar diagnósticos y valoraciones de las personas que ingresan a las celdas.
Finalmente, Sabido Santana indicó que estas condiciones, aunque resulten desfavorables, también permiten trabajar con los ayuntamientos, en proyectos diseñados para cada uno de los municipios sobre en el tema de derechos humanos de sus corporaciones policiacas.
“Eso es lo que estamos haciendo, concientizando sobre todo acerca de esta importante labor que desempeñan las corporaciones policiacas, más aún, ya que hemos dicho en los últimos años que Yucatán es uno de los Estados más seguros, lo que también obliga a las autoridades a reforzar esta actividad para mantener esos niveles de seguridad”, concluyó.
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JG