Mientras en diversos organismos públicos se aplican recortes presupuestales, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), parece inmune a esa tendencia. Al menos así lo muestra el monto de dinero que tendrá a disposición en 2022.
Aunque en un comunicado la institución asegura que en el presupuesto “la administración universitaria dará continuidad a una política de austeridad”, las cifras detallan que el Proyecto de Presupuesto aprobado ayer en sesión del Consejo Universitario prevé ingresos federales por la cantidad de 2 mil 170 millones 469 mil pesos; asimismo, tendrá subsidios estatales por el orden de 261 millones 701 mil pesos; así como ingresos propios de 183 millones 930 mil pesos, que se complementan con los procedentes de proyectos y programas, por 27 millones 977 mil pesos.
En principio la UADY había solicitado dos mil 644 millones 77 mil pesos, “que en conjunto representan una disminución del 1.65 por ciento, en términos nominales, con respecto a la cantidad ejercida durante el año 2021”.
Según el Consejo Universitario, “se dará prioridad a las actividades docentes y académicas, a la vez que se buscará hacer todavía más eficientes el gasto corriente y los recursos destinados a otros proyectos”.
Sin embargo, la UADY tiene malos antecedentes en transparencia financiera. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la casa de estudios no logró aclarar el gasto de 14 millones 628 mil 389 pesos que ejerció en ese lapso. Fue dinero proveniente de la Hacienda pública federal correspondiente al rubro “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”.
En 2019 la Universidad recibió a través de este fondo federal mil 990 millones 391 mil pesos, de los cuales no logró justificar el pago de más de 14 millones de pesos.
“Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 14 millones 628 mil 400 pesos que se integran por 10 millones 589 mil 800 pesos por falta de documentación justificativa de las erogaciones y por realizar pagos en conceptos no autorizados en el anexo de ejecución 2019. Y, por tanto, tampoco alineados a los objetivos del programa”, evidenció la ASF.
“Por 4 millones 7 mil 600 pesos por el pago de sueldos que excedieron los tabuladores autorizados para el ejercicio fiscal 2019, y por 31 mil pesos por pagos posteriores al personal que causó baja”, señaló.
El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados federal indicó que la Universidad violentó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del anexo de ejecución al convenio marco de colaboración y de los contratos colectivos de trabajo que generaron un probable daño a la Hacienda pública federal.
Ante ello, promovió cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.
La UADY reconoció su error y, en un comunicado, aceptó que, por “motivos ajenos”, la documentación aclaratoria no fue incluida en el informe de resultados.
Dijo que le hicieron llegar a la ASF el oficio donde la Universidad aclara y aporta documentación comprobatoria sobre las observaciones hechas, tanto las relacionadas con la supuesta falta de comprobantes, como las referentes a presuntos pagos en exceso a los tabuladores autorizados.
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CG