“¡Sofía, Sofía, Sofía!”, le llama don Mario a la niña que vive en la casa adjunta.
Es tocaya de su nieta, una pequeña recién nacida, quien ahora reposa en el cunero.
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Don Mario grita desde la entrada del terreno en el que hay un viejo sofá café, árboles y un tendedero del que cuelga la ropa de la bebé.
La casa tiene paredes de lonas blancas y azules, una puerta vieja y cartón. El techo de lámina sostenido por tablas y palos. Es lo que encontró en el monte para construir su hogar.
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En el interior, hay una vieja base de cama, un televisor y un sofá desgarrado, donde reposa el cunero de la bebé.
Su hija María de los Ángeles prepara masa para cocinar tortillas, a las que agrega salsa de tomate con queso.
“Empezamos con lo básico, con una hamaca, poco a poquito lo fui armando. Y ya estamos aquí, ¡bendito Dios!”, expresa.
“De lo que encontramos, lo fuimos armando”, complementa su yerno Samuel
Aquí, en la colonia irregular Las Rocas, al Sur de Mérida, las casas son iguales: construidas con lámina, cartón, palos, lonas, cobijas y puertas viejas. La escena se repite a lo largo de las calles en las que habitan 45 familias desde hace ocho meses. Es difícil andar en las calles, hay rocas con las que fácilmente se puede tropezar.
En la entrada a la invasión, hay un letrero que da la bienvenida a Las Rocas, al lado se localiza una montaña de escombros y tierra que los vecinos usan para trazar un camino que permita a la madre de Guadalupe, quien está en silla de ruedas, entrar y salir de su casa.
Hace ocho meses, Guadalupe Rodríguez llegó a vivir con su pareja y sus papás a Las Rocas.
“Cuando nosotros llegamos estaba todo lleno de monte. No estaba ni cercado, ni estaba limpio, todo era monte”, recuerda.
La joven, que se dedica a la venta de comida, vive en un cuarto con paredes de cartón y madera y un techo construido con láminas de fierro que están sostenidas por tablas y una tela amarilla que cuelga. En el interior, hay una hamaca rosa y una mesa que soporta una botella de agua, un refresco y rollo de papel.
La pandemia por COVID-19 le dificultó la venta de comida, y la falta de dinero le impidió pagar los 2 mil 500 pesos mensuales de la casa que rentaba, por lo que se vio obligada a invadir un terreno junto a otras familias.
“Con el caso de la pandemia no hay trabajo y se te hace más complicado pagar la renta”, expone.
Guadalupe cuenta que el dirigente de la organización Antorcha Campesina le ha comentado que el precio del terreno podría alcanzar los 400 pesos el metro cuadrado. Lo que significaría que el costo total alcanzaría 80 mil pesos por cada lugar.
Lo que ella está dispuesta a pagar por el lote porque desea construir un hogar junto a su esposo.
“Queremos intentar si nos pueda dejar como a plazos, a mensualidades, y también que no sea tan elevado el precio porque se nos complica”, pide.
“Estamos pidiendo el apoyo de la gente para que nos hagan caso, vengan y vean que no somos gente mala, igual queremos tener un papel, tener un terreno y decir: ‘esto es de nosotros, lo estamos pagando’. No buscamos tener problemas, no nos negamos a pagar, solamente precios accesibles para nosotros”, explica.
En la casa adjunta viven su madre, quien está impedida para caminar. Para salir de su hogar, su esposo y otros familiares la cargan por las calles de la invasión hasta el fraccionamiento pavimentado, en el que vive su otra hija.
A pesar de su invalidez, no cuenta con ningún tipo de apoyo económico por parte del Gobierno, debido a que es demasiado joven para recibir subsidio por discapacidad y demasiado joven para obtener el beneficio del programa “60 y más”.
Los lotes no se venden
“Las personas que viven en la invasión son quienes se quedaron sin hogar tras perder su empleo por la pandemia por COVID-19”, expone Miguel Ángel Matos Tzab, dirigente municipal de Antorcha Campesina en Mérida.
“Los que invadieron lo hicieron por sus propios medios. Lo que los orilló fue la pandemia, la inmensa mayoría de ellos rentaba y como quedaron desempleados, acudieron a la invasión”, dice.
“Es gente que verdaderamente necesita el lugar, que no tiene a dónde irse con su familia, mucha gente rentaba o estaba encomendada con algún familiar”, detalla.
Incluso, hay migrantes provenientes de Tizimín, Peto, Libre Unión y Yaxcaba.
Las siete invasiones que hay en el Sur de Mérida, que se dividen en 300 lotes, se poblaron en marzo de 2020, cuando comenzaron los efectos de la pandemia por COVID-19. Tan solo en “Las Rocas” viven 45 familias.
Asegura que los vecinos han solicitado el apoyo del Gobierno de Yucatán, sin embargo, no han recibido ninguna solución. Tampoco los dueños de los terrenos han reclamado las propiedades.
“Hemos ido a pedir la intervención del Gobierno del Estado, a través del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, pero no habido ninguna respuesta. Lo que nosotros buscábamos, en caso de que los dueños, los propietarios de esas tierras, buscaran desalojar a la gente, pues es que el Gobierno del Estado nos diera opciones (de compra)”, explica.
La única respuesta que han recibido es que “no se puede (vender). Es invasión y ya”, dice.
De acuerdo con Matos Tzab, en 2007 el Gobierno del Estado era propietario de los lotes de la invasión de Las Rocas, sin embargo, en 2015 fueron vendidos a particulares, de quienes desconocen sus identidades.
“Esas tierras en algún momento, en algún tiempo, fueron del IVEY”, sostiene.
De Chiapas a Mérida
Daniel Alvarado vive junto con su esposa Rosaura y su hijo en una pequeña casa construida de lámina de fierro, de la que se desprende una lona de plástico verde que da sombra al comedor de madera. En la mañana de diciembre, en la que el sol no da tregua, el hombre cose los zapatos que, cuando hay trabajo, usa.
“Estoy reparando estos zapatos, es que son para la chamba, es que los otros ya se me echaron a perder”, cuenta.
Ahí, sentado bajo la sombra de un frondoso árbol, detalla que hace 15 años dejó Pichucalco, en Chiapas, para buscar empleo en Mérida. Lo cual consigue esporádicamente.
“Uy, hace 15 años que yo vivo acá”, suelta. “Yo vivía en la (Colonia) Obrera, allá tardé 15 años pagando renta. Le avisaron a mi muchacho, al otro, al mayor, y le comentaron que había un chancecito acá. Y le dije: ‘pues, vamos’. Y ya fue como nos venimos pa’cá”, dice.
Esa mañana Daniel fue a comprar pollo, ahora Doña Rosaura lo prepara con papa y tomate que pondrá a cocinar en la estufa improvisada de piedra y leña.
Cuando Carmela Gutiérrez, una madre soltera de 28 años con dos hijos, escuchó que la gente se estaba repartiendo los terrenos decidió ir por el suyo.
Hace ocho meses llegó a la colonia irregular Las Rocas de Mérida a invadir, pero su casa aún no está terminada. Le pagó a su hermano para que la construyera con tablas, pero éstas luego se cayeron. Ahora tiene que comenzar a edificarla de nuevo.
“Cuando supe que estaban invadiendo, pues agarré un pedazo, igual. Y no he terminado de hacerlo. Como estaba trabajando, no he tenido tiempo de hacerlo. Le pagaba a mi hermano para que lo hiciera, pero no lo hizo”, cuenta.
Carmela trabajaba como ayudante de cocina en un restaurante, pero tras el recorte de personal quedó desempleada.
“Me quedé sin trabajo y he estado buscando empleo, pero no cae nada”, lamenta.
“Mi problema es el transporte, sí hay, pero tengo que rotar turnos y no tengo cómo venir en la noche. Y tengo que cuidar a los niños, mi tío a veces me los cuida”, dice. Debido a que su casa está en ruinas, sigue pagando la renta de mil 500 pesos mensuales de otra vivienda.
El número de personas en situación de pobreza en Mérida aumentó en los últimos 10 años.
De acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2010 había 224 mil 135 personas en situación de pobreza, sin embargo, diez años después aumentó a 241 mil 515, lo que equivale al 25.7 por ciento de la población total.
También, la cantidad de habitantes en situación de pobreza extrema creció en el municipio en la última década. Al pasar de 22 mil 529 personas en 2010 a 27 mil 572 en 2020, lo representa al 2.9 por ciento de la población total.
En tanto, en el tercer trimestre de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó una tasa de desempleo del 2.9 por ciento en Mérida.
Lo que reflejó un aumentó en comparación con el tercer trimestre de 2019, en el que la tasa de desocupación era del 2.2 por ciento, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
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CG