Trabajadores sindicalizados realizaron ayer un paro total de labores en todos los juzgados del estado y en las oficinas del Poder Judicial, como medida de presión para recibir un alza salarial que, aseguran, no recibieron este año y tampoco está incluida en el presupuesto de 2022 de Yucatán.
Desde las 9:00 horas, los sindicalizados, a los que se unieron otros compañeros suyos no afiliados, salieron de las oficinas para manifestarse con pancartas y gritos en exigencia a lo que llaman “justicia laboral”.
El bloqueo a las oficinas aumentó la tensión durante el día, pues entre otras instalaciones se cerraron los Juzgados Mercantil y Familiar, a los que a diario acuden cientos de personas a efectuar trámites como los pagos y cobros de pensiones por manutención.
Ante la andanada de quejas por parte de litigantes y padres de familia que no pudieron ingresar a hacer sus actividades, los sindicalizados optaron por cerrar las rejas y montaron guardia para que ninguna persona ingresara por las zonas de estacionamiento.
Los momentos más tensos ocurrieron cuando los usuarios que no tuvieron el acceso intentaron derribar una de las rejas metálicas en los Juzgados Mercantiles y Familiares que se ubican cerca del Monumento al Maestro, en la calle 35 por 52, en la avenida Reforma. Sin embargo, no ingresaron.
Entre reclamos
“¿Por qué perjudican a la gente que no tenemos nada qué ver con sus problemas?”, reclamó uno de los afectados. “¿Qué van a comer los niños?”, se quejó otra persona que no pudo ingresar a cobrar la pensión alimentaria.
Un grupo de madres trató de mostrar su empatía con los inconformes, pero consideraron que como “mínimo” debieron mantener abierto el fondo auxiliar.
“Los entendemos, cualquiera en su situación haría lo mismo, pero aquí los que van a sufrir van a ser los niños”, expuso Raquel Dávalos, madre de dos hijos, quien viajó desde Chablekal para realizar sus trámites.
Otra mamá de dos pequeños, Karen Ramírez, reveló que “tuve que pedir permiso en mi trabajo para venir y ya no hice nada”, lamentó.
A su vez, Dafne Kumul contó que llevaba una hora esperando y tampoco pudo entrar. “Una persona me dijo que iba a preguntar qué se podía hacer, pero no regresó. Es un relajo”, sostuvo.
Sin la certeza de cuándo terminaría el paro, la oriunda de Umán señaló que “no podemos estar viniendo a cada rato a ver si ya te atienden. Yo no soy de tan lejos, pero hay otras mamás que sólo para eso viajan a Mérida”.
Padres que acudieron a hacer depósitos tuvieron que tomar evidencia de la razón por la que “no cumplieron”. Ese fue el caso de Detel Catzín, quien grabó con su teléfono las protestas que le impidieron el acceso.
Postura sindical
Ante las inconformidades de los afectados, Daniel Durán, secretario de Promoción Sindical, afirmó en los Juzgados Mercantiles y Familiares que no les quedó otro camino que realizar el paro, pues ignoraron sus peticiones con anterioridad.
“Hemos tratado de ser flexibles, pero no fuimos escuchados”, dijo al recordar que desde el 1 de diciembre, cuando comenzaron las protestas, se hicieron “paros escalonados, cada dos horas” para no afectar a los usuarios.
Justificó que “no es una medida tomada a la ligera”, sino “un derecho tomado por un sindicato de 480 afiliados”. Agradeció el apoyo de los empleados que se encontraban en el edificio sin poder ejecutar sus funciones.
Por otra parte, dijo que hay irregularidades en la asignación de puestos laborales.
“Se ‘inventó’ la categoría auxiliar jurídico, que hace las mismas funciones que un técnico judicial, pero que recibe un sueldo menor”. Cobran entre 3,000 y 4,000 pesos mensuales.
En su caso, aceptó que “gana un poco más”, pero que también se ha visto afectado. “No recibimos aumento este año y tampoco no los quieren dar el próximo, pero el ISR (Impuesto Sobre la Renta) aumenta, entonces, estamos cobrando menos”, detalló.
Finalmente, aceptó que sus acciones han perjudicado a las personas que necesitaban hacer diligencias, cobros o depósitos, lo que causó enfrentamientos que dejaron a manifestantes y usuarios con lesiones leves en los brazos en el intento de tirar una barda metálica.
“Tranquilidad” en Progreso
En Progreso también hubo cierre de oficinas. La protesta causó sorpresa entre los usuarios y asistentes a los juzgados, debido a que desde las 8:00 horas los trabajadores de la sede porteña colocaron pancartas en las rejas para exigir el aumento de sueldo; después, se sentaron en fila horizontal para dar explicaciones a todos aquellos que no pudieron ingresar.
“Nunca me han atendido de la mejor manera y están exigiendo mejores ganancias, parece chiste. Falta mucho por mejorar, hay expedientes que han tardado conmigo hasta nueve meses en tener resolución y las filas son exhaustivas”, se quejó Marcelina Tovar, quien agregó que estas protestas retrasarán de manera significativa asuntos de importancia como, por ejemplo, los pagos de manutenciones alimenticias.
A pesar de las constantes quejas, en el puerto no hubo enfrentamientos o conatos de bronca, incluso hubo vigilancia policiaca en los alrededores.
“Por supuesto que (el paro) pone en riesgo nuestro trabajo, pero al parecer el día será tomado como inhábil, por ello no nos afectará, solamente repercutirá en la molestia de volver a viajar, como en mi caso que vengo desde la ciudad de Mérida”, declaró el licenciado Alfredo Vargas del despacho meridano “Ava”.
En Progreso hay 15 trabajadores sindicalizados.
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JG