La intención de una empresa porcícola para contratar a personas con discapacidad no es más que un disfraz, asegura el asesor jurídico de la asamblea Múuch’ Xíinbal, Miguel Anguas, quien consideró que “es para tratar de desviar su deuda ambiental de la opinión pública y tratarán de convencer de que cualquier resultado para detener la granja será en perjuicio de la economía y bienestar de las familias. Pero vaya, no es así.”
Cuestionado por las acciones contradictorias que esta firma realiza en la zona maya, el gerente de Capital Kekén, Miguel Ferrer Campos, en el marco de la suspensión de labores de la granja, se limitó a señalar que ellos, como empresa, cuentan con un equipo muy talentoso en el tema de sustentabilidad en la parte legal y son los que están viendo este tema. “Nosotros vamos a seguir ofreciendo trabajo.”
Se le preguntó si como empresa estaban siendo irresponsables en materia ambiental, aunque no lo negó, reiteró que su área de sustentabilidad es muy profesional y “estamos haciendo todo lo preciso y completamente de acuerdo en que las cosas las hacemos bien”.
Esto ante la suspensión provisional que el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán, admitió a favor de la demanda de amparo interpuesta por la asamblea para que las autoridades ambientales detengan el funcionamiento de la granja porcícola ubicada en el kilómetro 4 de la carretera Chapab-Ticul, perteneciente a la “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán”.
De acuerdo con el asesor jurídico de la asamblea Múuch’ Xíinbal, Miguel Anguas, la granja ha causado problemas sociales en dicha población como contaminación, deforestación y fétidos olores, ya que tiene una producción aproximada de 50 mil cerdos.
Tras la resolución jurídica, el entrevistado negó que la empresa haya tenido recientemente algún acercamiento con la población para mediar el tema.
“Sí hubo acercamientos, pero son muy impositivos, no son para llegar a acuerdos, sólo para imponerles el proyecto. Y fueron reuniones de hace algunos meses, antes de la demanda”, explicó.
Con base en la perspectiva del investigador del Cinvestav, Jorge Herrera Silveira, desde el año 2001, cuando se registró la primera marea roja fuerte en Yucatán ya se sabe qué hacer.
“Empezamos a ver que las descargas de aguas residuales de granjas porcícolas y avícolas tenían un impacto en la calidad del agua costera, no hay duda, ya lo sabemos, así que deben de tratar sus aguas residuales con el uso de humedales artificiales, sí implica una inversión, pero esta va en favor del medio ambiente”.
SY