La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) alista una iniciativa que se hará llegar al Congreso del Estado para regular el funcionamiento de albergues o refugios, tanto públicos y privados pues actualmente no hay una normativa que los regule y muchas veces se da pie a violaciones a los derechos, expuso el titular de la dependencia, Miguel Sabido Santana.
Se trata de la Ley para la Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares del Estado de Yucatán que se ha estado trabajando en conjunto con Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
“Desde tiempo atrás hemos advertido esta necesidad, porque sabemos que en el estado existen diversas instituciones, tanto públicas como privadas, que albergan a personas, asilos, refugios, que atienden a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas, con discapacidad, que tienen alguna adicción y, con base en el trabajo que hemos realizado, no hay una regulación específica”, comentó.
Agregó que hay, en diferentes normas, ciertas disposiciones que le dan facultades a algunas instituciones para vigilar o regular estos albergues, pero están de forma aislada y no hay un documento específico.
Expuso Sabido Santana que la norma que ya se tiene casi lista regula, desde el funcionamiento, a la vigilancia, supervisión e, incluso, sanciones por parte de las autoridades que intervengan en este proceso. Dijo que será una norma interinstitucional, en la que participará dependencias de salud, la Procuraduría de Defensa al Menor, el DIF estatal, ayuntamientos, la Secretaría de Desarrollo Social, Protección Civil y la misma CODHEY.
“Un establecimiento de este tipo debe tener un permiso de funcionamiento, reglas de protección civil, reglas de sanidad, que aseguren que las personas se cumplan los mínimos de higiene; involucra también a los cuerpos policiacos, porque al interior de estos lugares pueden darse situaciones que pueden constituir alguna falta administrativa o delito”, dijo.
Añadió que la CODHEY asume en este caso su papel para que los derechos humanos sean transversales en las instituciones.
Comentó que este trabajo se reforzó con el caso del asilo de adultos mayores en el centro de la ciudad (Santiago).
“De nuestras supervisiones hemos visto como en estos anexos o centros de asistencia hay una falta de organización y de normatividad y se vulneran muchos derechos”, dijo.
Consideró que donde hay más casos de violaciones de derechos en los albergues para personas con adicciones, también llamados anexos, así como en los que atienden a adultos mayores.
Sobre el caso del albergue de Kanasín, donde presuntamente se abusaba de mujeres, dijo no tener información, porque su competencia la supervisión y vigilancia de albergues e instancias públicas
SY