Ejidatarios de Chocholá se encuentran devastados ante la impotencia de ver sus cosechas destruidas y sus tierras arruinadas, ya que después de estar trabajando por meses el terreno para tener un buen sembrado, el pasado domingo 21 de marzo, las tierras que trabajaban fueron quemadas dejándolas reducidas a cenizas.
El municipio de Chocholá tiene más de 15 mil hectáreas de bosque y selva, siendo uno de los más grandes en Yucatán, de las cuales 612 de estas están en un litigio desde hace casi una década, ya que en el 2012 entraron en proceso por el establecimiento de una calera.
Los agricultores comentan que la comisaria ejidal Maritoña Flores Rosado, por compromiso de vender las tierras a un renombrado hotel, quiere despojar a los ejidatarios que llevan trabajando sus cultivos desde hace más de cinco años por cuenta propia y algunos mediante el programa federal “sembrando vida”.
Los labradores comentan que dicha comisaria ha mandado gente para intimidarlos y destrozar su trabajo, desde robar bolsas de carbón que con esfuerzo juntaron los campesinos hasta desprender las plantas y sembrados que han hecho, y ahora no obstante de eso aseguran que han violado una ley de Protección Civil incendiando una milpa, dando paso a incendios forestales que los mismos ejidatarios tuvieron que sofocar.
Julio Paredes Sosa usuario de la milpa incendiada comentó que ya había sido víctima de otros abusos y al ir a levantar una queja ante las autoridades, estos hicieron caso omiso y se lavaron las manos alegando que ni él ni los otros afectados eran dueños de esos terrenos, los cuales tenían que desalojar, ya que sus legítimos propietarios lo exigían.
“He trabajado estas tierras por más de cinco años, yo solo, preparo la tierra, la cultivo y cosecho, nadie trabaja para mí, por lo que para sustentarme vendo carbón que yo mismo saco. La comisaria ejidal ha mandado a su gente a robarme mi carbón, se llevaron 10 costales que con mucho esfuerzo trabajé, pero como no dejé las tierras ahora vino y arrancó mis plantas y quemó la milpa, pues me dice que quieren que me salga y bien se sabe que estos terrenos son de uso común y no se pueden vender, por lo que es imposible que tengan dueño”, precisó.
“Qué tristeza da ver destruido lo que por mucho tiempo has estado construyendo, llegar y ver como se está quemando la milpa y que todos tus esfuerzos se van con ella”, agregó.
Manuel Quintal Novelo otro de los agraviados dijo que “tenemos que estar ocultando lo que hacemos para que no nos perjudiquen y eso no se vale, porque lo que hacemos es trabajar y cuidar las tierras. A muchos de nosotros nos han querido jugar chueco porque piensan que somos ignorantes, pero no es así, conocemos nuestros derechos y no nos vamos a dejar derrotar”.
“A mí me quemaron mi leña que había juntado con tanto empeño y mis matitas de Ramón que ya estaban logradas, es injusto porque también pertenecemos a un programa federal para reforestar y ni eso respetan”, comentó Juan Quintal.
Con documento en mano los afectados, Juan Quintal Quintal, Julio Paredes Sosa, Manuel Quintal Novelo, Gregorio López Cen, Addy Flores Medina y Juvencio López afirmaron que de acuerdo con la ley agraria le corresponde a cada ejidatario 26 hectáreas, las cuales son de uso común y debido a esta ley está prohibida su venta, lo cual la comisaria Flores Rosado no acepta y según los agricultores se respalda alegando que ante el concejo ejidal las tierras fueron parceladas en la última reunión.
“Esta señora quiere quitarnos las tierras para venderlas y eso es un delito, porque es imposible vender algo que no es de ella si no del pueblo, estas tierras son de Chocholá y de nadie más y cuando nosotros ya no las ocupemos pasarán a manos de quien quiera trabajarlas”.
Los ejidatarios afirmaron que todos los delitos y faltas que ha cometido la comisaria ejidal Maritoña Flores han sido notificadas a las autoridades municipales y ejidales, las cuales han hecho caso omiso, por motivos políticos, haciendo promesas de entrega de títulos los cuales ya fueron negados por el Registro Agrario Nacional (RAN), del cual los afectados tienen la documentación.
Tras estos incidentes de los cuales han sido víctimas los agricultores de dichas hectáreas, se suma a la lista la violación de una ley de protección civil, la cual precisa que se necesita un permiso para poder hacer la quema de una milpa, en donde las autoridades pertinentes se presentan para supervisar la quema y así evitar un incendio forestal, por lo que al ver la magnitud de la situación los mismos afectados amedrentaron el fuego y evitaron la propagación de éste, por lo que a pesar de ser los agraviados siguen vigilando el terreno, ya que por el calor aún no se ha podido apagar por completo.
“Llegamos el fin de semana y vimos como todo se estaba quemando, rápidamente nos juntamos todos y vimos cómo hacerle para evitar que siga avanzando el fuego. Esto es muy peligroso y sólo porque no es temporada y falta un mes para que el sol esté en su máximo, porque si no, esto hubiera sido un crimen pues todas las tierras se estarían quemando en este momento y no habría poder que lo detuviera”, señalaron.
Los afectados solicitaron ayuda de las autoridades para poder trabajar sin miedo, ya que al querer presentarle la queja al presidente municipal Pedro Pech Aragón, éste solamente se lava las manos y no se hace responsable de los actos de la presunta responsable, por lo que los agricultores piden ser respaldados, ya que cuentan con pruebas y documentos que los avalan.
“Sólo queremos que nos dejen en paz y nos dejen trabajar. Es muy devastador estar con el temor de que de la noche a la mañana todo por lo que has luchado sea destruido, queremos justicia, pero sobre todo apoyo por parte de las autoridades que se supone debería cuidarnos”, finalizaron