Por la evidente violación a la orden del Juez Segundo de Distrito, de suspender las obras que se llevan a cabo en el Casino de Progreso, el alcalde del municipio, Julián Zacarías Curi, y demás funcionarios involucrados, podrían ser sancionados, removidos de su cargo e, incluso, denunciados por no acatar la suspensión.
El abogado Alfonso Dávalos, legista asesor de los presuntos dueños del predio, quienes alegan una irregular expropiación, señaló que conforme se han dado las circunstancias, el incidente de suspensión que se promovió se debe ganar, ya que el Juez dictó una suspensión a las obras desde noviembre pasado y no se ha acatado hasta la fecha. Dijo que el municipio de Progreso ha continuado las obras y de todo esto se le ha informado al Juez.
Añadió que, además, el Ayuntamiento de Progreso no rindió el informe que le solicitó el Juzgado, como parte del incidente de suspensión, por lo que se encuentra también en rebeldía en este caso.
Explicó que se envió por correo postal, y son 3 días a partir de la notificación, ya que el Juez verificará la fecha del acuse de recibo para ver si hay una violación también en este caso. Por lo anterior, la audiencia se aplazó al próximo 11 de marzo. “Se debe ganar el incidente”, expuso. “¿Y la resolución a su favor en qué derivaría?”, se le preguntó.
“Se ordenaría suspender de nuevo las obras de manera inmediata, pero además una sanción a las autoridades involucradas y al mismo municipio. Podrían quedar denunciados por violar la suspensión, ser separados de su cargo y consignados ante un Juez federal”, indicó. Recordó que el Centro INAH Yucatán en su informe confirma que, desde diciembre, le notificó al municipio de Progreso que pararía debido a la suspensión dictada por el Juez y a que el alcalde Julián Zacarías ha incumplido.
Añadió que, en este caso, tanto la policía estatal como la municipal, no han actuado al respecto, por lo que se está solicitando como parte del proceso que intervenga la Guardia Nacional o el Ejército y que se tome la ocupación del predio para efectos que se resguarde y se reintegre a los representantes legales y se detengan las obras por completo.
Dijo que las autoridades separadas en ese caso sería el alcalde de Progreso, el director del Centro INAH Yucatán, el Gobierno del Estado y el Consejero Jurídico.
Contexto
En noviembre del año pasado el Juzgado de Distrito decretó la suspensión de los trabajos como medida precautoria y como parte del juicio de amparo, pero hasta la fecha el Ayuntamiento de Progreso ha incumplido y las obras continúan.
SY