En septiembre del 2019, la mayoría de los diputados del Congreso del Estado decidió no ratificar en su cargo a César Antuña Aguilar por un periodo más como Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (TTSEM), a pesar de contar con una evaluación favorable del Poder Judicial.
Ayer, gracias a un amparo del que se informó en la Sesión del Pleno, el Legislativo deberá reponer el proceso para devolverle el cargo. Fue un oficio enviado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito Judicial, mediante el cual se notificó la resolución del amparo en revisión 103/2020 que el propio Congreso promovió en contra de la sentencia del juicio de amparo 1322/2019-I que en su momento dictó el Juez Tercero de Distrito, promovido por Antuña Aguilar.
La resolución dejó firme al recurso concedido al promovente y se ordenó al Congreso que se reponga el procedimiento de elección de nueva cuenta, pero en esta ocasión los diputados deberán tomar en cuenta la evaluación que en su momento hizo el Poder Judicial y que fue favorable al Magistrado que buscaba la reelección.
Con ello, el tema volverá de nueva cuenta a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, donde todo parece indicar, atendiendo a la resolución, que Antuña Aguilar sería repuesto en el cargo y no sólo eso, sino que se le tendrían que pagar sus sueldos caídos, de alrededor de 116 mil pesos mensuales desde el 2019.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en su Artículo 16, dicta que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el ejercicio de su cargo seis años, contados a partir de la fecha en que rindan el compromiso constitucional, al término de los cuales podrán ser ratificados por un segundo período de hasta nueve años más.
Cuando terminaba su sexenio al frente del mencionado Tribunal, Antuña Aguilar presentó su solicitud para ser reelecto en el cargo, pero en la Comisión de Justicia no se aprobó su ratificación.
El 1 de septiembre del 2019, en Sesión del Pleno, 14 diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), votaron a favor del dictamen de no ratificación, mientras que 11 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), votaron en contra.
La ratificación en el cargo por un periodo más le hubiera dado a Antuña Aguilar un periodo de nueve años más al frente del Tribunal y luego de lo cual, al cumplir 15 años en total, tendría derecho a una jubilación y pensión vitalicia.
Algo destacable en aquel entonces fue que el Poder Judicial presentó al Congreso del Estado una evaluación favorable del Magistrado y le dio el 82% de eficiencia en las resoluciones durante un periodo de seis años. Sin embargo, este tema no se tomó en cuenta.
Posterior a esto, el Ejecutivo del Estado envió al Legislativo una terna proponiendo a Gabriela Gutiérrez de los Santos, Armando Agustín Aldana Castillo y Grettel Giovanna Escalante Rendis, para tomar el cargo de Magistrado.
Sin embargo, César Antuña se había amparado ante la justicia federal y frenó cualquier nombramiento hasta que se resolviera el tema.
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JG