A casi una semana de que inicien de manera formal las campañas electorales en Yucatán, poco más de 300 personas que se encuentran bajo proceso judicial en alguno de los cuatro centros penitenciarios del Estado no podrán votar el próximo 6 de junio, aun cuando conservan sus derechos políticos.
De acuerdo con el Código Penal de Yucatán, una persona sujeta a proceso judicial conserva la presunción de inocencia hasta que el Tribunal emita una sentencia en la que se demuestre su culpabilidad.
En tanto, las personas que se encuentran bajo proceso, sin una sentencia aún, conservan sus derechos intactos.
Privados de la libertad
En las cuatro prisiones para adultos de Yucatán, varonil y femenil de Mérida, Valladolid y Tekax, hay una población de mil 358 personas privadas de su libertad.
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Sin embargo, de esa cantidad, mil 026 han sido sentenciadas y, como parte de su sanción, los jueces, además de la pena corporal y la reparación del daño, les suspendieron sus derechos políticos mientras se encuentren purgando su condena.
En cambio, hay 332 personas que enfrentan un proceso judicial bajo la modalidad de prisión preventiva como medida cautelar y que no han sido sentenciadas, por lo que aún conservan sus derechos políticos; empero, no podrán votar debido a que se encuentran privadas de su libertad.
De los 332 reos que no podrán votar en Yucatán, 278 se encuentran en el Cereso de Mérida, tanto varonil como femenil, 28 en Tekax y 26 en Valladolid.
Comienzan las campañas electorales
Mañana domingo inician de manera formal las campañas electorales para diputados federales y el próximo 9 para diputados locales, que culminará con la jornada electoral del próximo 6 de junio.
Durante este proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará un programa piloto para que personas privadas de su libertad que aún no cuenten con sentencia puedan votar. Sin embargo, los penales de Yucatán no están incluidos.
Las personas con prisión preventiva que podrán sufragar serán aquellas que se encuentran en los penales de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán, que en total suman 2 mil 185, de los cuales mil 680 son hombres y 505 mujeres.
De acuerdo con el INE, el plan piloto servirá para definir si en el próximo proceso electoral se abre la votación a toda la población con prisión preventiva que se encuentra en algún centro penitenciario del país.
JG