Menos de tres meses pudo ejercer sus funciones sin trabas. Solicitaba documentación, pedía actas de las sesiones de Cabildo, quiso revisar el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Kanasín, pero la información no llegaba.
Poco a poco, la síndica de este municipio de Yucatán, Xóchitl Delgado Caballero, se dio cuenta que los obstáculos en su trabajo fueron aumentando, pero lo más grave junto a la opacidad que enfrentaba fue que, sin aviso previo ni razón alguna, le retuvieron el 40 por ciento de su salario y le quitaron prestaciones laborales a las que tenía derecho.
El presidente municipal de Kanasín, William Pérez Cabrera, quien entró en funciones en 2018, al igual que la síndica, nunca le dio explicaciones sobre esas determinaciones, pero sí le advirtió que “no iba a permitir que una mujer ignorante fiscalizara sus cuentas”.
“Yo ni siquiera sabía que era violencia política. Acudí con un grupo que me apoyó en todo este trámite y cuestiones que son muy complicadas (para demostrar la violencia política en razón de género), pero empecé a buscar pruebas de que me negaba la documentación que requería para trabajar”, relató la síndica con licencia.
La servidora pública sólo sentía que quería entorpecer su trabajo, pero después descubrió que estos actos podían denunciarse como violencia política en razón de género.
“Me rebajó mi salario el 40 por ciento, me retuvo mi salario una semana aproximadamente, corrió a mi asistente y me quitó diversas prestaciones que me daban”, detalló la hoy candidata por Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Kanasín.
Ella fue nombrada síndica para el periodo 2018-2021. Entraron en funciones en septiembre y el último trimestre de 2018 tuvieron sesiones de Cabildo. Todo parecía marchar bien, pero en enero de 2019 empezó a pedir documentos oficiales, como copia de la nómina de los empleados del Municipio, así como datos y cifras a los que tiene acceso en su papel de síndica, pero ésta nunca se le proporcionó.
En ese año las sesiones de Cabildo empezaron a efectuarse con restricciones. “No nos dejaban ingresar teléfonos celulares, apenas ingresábamos con el celular en la mano, inmediatamente nos lo retiraban, entonces desde el inicio de la administración empezó a ejercer la violencia”.
En entrevista, contó que nunca les explicaron las razones por las que no podían ingresar con sus dispositivos móviles, “pero era evidente que no querían que les tomáramos fotos a las actas porque resulta que el alcalde entraba con un borrador y nos decía una cosa y cuando ya veía el acta final decía otra cosa muy distinta, son actas que ya están trabajadas”.
Delgado Caballero se percató de esos cambios y en varias ocasiones pidió que anularan su voto por no estar de acuerdo con lo que originalmente se había aprobado, incluso tiene demandada una sesión porque el acta señala que estuvieron presentes el presidente municipal y una regidora, “lo cual es falso”, señaló.
“Lo triste del caso es que, cuando me entregaron el documento para firmar, ya habían registrado la firma de la regidora que no asistió y esa sesión se encuentra con una denuncia”, relató a POR ESTO!.
De las restricciones de documentación pasó a las amenazas
Desde el 2019, Xóchitl Delgado hizo pública la situación que estaba enfrentado como síndica. Entonces, Pérez Cabrera la amenazó directamente.
“Me dijo que me iba a destruir, que no iba a permitir que una mujer ignorante le fiscalizara las cuentas, que él y sus amigos poderosos que están arriba de él, me iban a destruir, esas fueron sus palabras”, recordó la aspirante a presidenta municipal.
Pero ella no se dejó intimidar. Dos meses después otra persona le insinuó que buscara seguridad para su familia.
“Esa persona me dijo que como mujer yo podría recibir cualquier difamación, cualquier calumnia, pero no solamente eso, sino que mis hijos deberían tener seguridad, es decir, que estuvieran asegurados económicamente para sus estudios”, afirmó.
La síndica con licencia respondió que si el comentario se trataba de una amenaza y el emisario lo negó. No obstante, le aconsejó “estar bien con el alcalde” porque él quería dialogar y “que ya no se siguieran golpeteando”, pero que considerara asegurar a su familia, pues en cualquier momento podía sufrir una difamación por trabajar en el Gobierno.
Tras dos años de haber denunciado la violencia política de la que fue víctima, la actual candidata está convencida de que el alcalde no quería que se diera cuenta de todo lo que estaba haciendo.
A raíz de la primera sentencia que gano el 15 de julio de 2020, cuando lo declaran responsable por violencia política en razón de género por no entregar documentación importante, le dan un plazo para entregar lo que Xóchitl había solicitado desde 2019.
“Gracias a esa sentencia y a la poca documentación que me entregaron y que además estaba maquillada, como la nómina de los empleados y el padrón de proveedores, gracias a esa documentación que me entregaron, existen hoy más de 10 denuncias, unas por parte de la Auditoría del Estado de Yucatán, por posible conflicto de intereses, así como por un posible desvío de recursos, y tres denuncias ante la Fiscalía de Corrupción de Yucatán, por posible conflicto de intereses y desvío de recursos tanto federal como de ingreso propio”.
Esposa simula ser la candidata
William Pérez Cabrera se registró ante el Consejo Municipal de Kanasín para reelegirse como alcalde. El colectivo de mujeres que asesoró a Xóchitl Delgado impugnó esta aspiración señalando que no tiene un modo honesto de vivir.
El pasado viernes 30 de abril los consejeros del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) determinaron retirarle la candidatura y pidieron al Tribunal Electoral del Estado que valorara la violencia política.
El partido por el que contiende tenía 48 horas para designar a otro candidato, por lo que designó a Carolina Marfil Lugo, quien es esposa del impugnado, pero “lo curioso es que toda la propaganda de la campaña está a nombre de su esposo, todas las playeras, gorras, carteles, y estamos esperando el resultado de la impugnación, porque ella es sólo una fachada”.
Esta situación, concluyó, muestra que todavía “hay mucho machismo, misoginia y menosprecio al trabajo que puede hacer una mujer en cargos públicos, pero yo confío en que otras aspirantes no se callen, que levanten la voz y denuncien esas injusticias, de lo contrario van a seguir ocurriendo”.
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JG