La abogada del equipo Indignación, Lourdes Medina Carrillo, sostuvo que los procesos jurídicos que tienen que ver con temas ambientales, como en el caso de la megagranja de cerdos que pretende instalarse en Homún, son complejos porque muchas veces los jueces no tienen una comprensión acerca del daño que se genera, no sólo en el momento, sino a lo largo del tiempo y a las comunidades cercanas, ni la complejidad científica que implica demostrarlo.
En el marco de la presentación del Micrositio del Área de Influencia por contaminantes Río Santiago y Lago de Chapala que se hizo vía Facebook, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, la abogada abordó el caso de la megagranja porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén), que en 2016 se instaló en Homún y que dio a pie a un juicio que entablaron seis niños y niñas para preservar su derecho al agua y aire limpios, lo que derivó a una suspensión que se mantiene vigente desde el 2018.
Expuso que, aunque hay ordenamientos y tratados internacionales que establecen los principios del derecho a la participación, a la información y al acceso a la justicia en materia ambiental, en la realidad no se accede fácil a la justicia en este sentido.
“La realidad es que, en los asuntos ambientales, aun no se comprende, en los procesos jurídicos, cuáles son las características, la complejidad técnica acerca del daño ambiental. El derecho ambiental es una rama del derecho que se debe entender con la colaboración de diferentes disciplinas”, expuso.
Muchas veces se trata, comentó, de no entender o no querer interpretar este tipo de temas, y se pretende emitir resoluciones apartando a otras ciencias.
“No hay una compresión por parte de jueces y juezas, acerca de las particularidades de este daño y que al final de cuentas lleva intrínseca la incertidumbre y complejidad científica para acreditar en un juicio un riesgo o un daño ambiental”, comentó.
Por ende, dijo que actualmente en los juicios ambientales hay una clara desventaja procesal, o inequidad procesal, porque aquel factor que genera la contaminación o degradación ambiental está ligado con el gobierno, con las empresas, en temas de poder político.
Otro obstáculo, dijo, es que, en la propia Ley de Amparo, cuando se accede al juicio y se pide una suspensión, la propia normativa pone un obstáculo de acreditar un daño cierto o de manera preliminar, para que den la medida de suspensión en tanto se llevan los años para analizar el caso.
“Hay una complejidad ambiental, porque no se tiene la claridad de indicadores o áreas de influencia ciertas que delimiten el alcance esta contaminación y los efectos que tiene”.
“Además, tenemos los obstáculos que son los factores económicos y políticos de quienes generan la contaminación, la complejidad de presentar una prueba científica que es costosa que incluye la intervención de muchas disciplinas. Tenemos una ley de amparo, legislación en el país no adaptada a circunstancias actuales de la degradación ambientales y de los avances internacionales en la materia y no es una realidad social en el país el acceso a la información en casos ambientales”, expuso.
Puso como ejemplo en su exposición el caso del Tren Maya que está generando impactos serios, pero la información de algunas secciones se ha catalogado como confidencial. En este contexto, dijo que es oscuro en el acceso a la protección ambiental.
Expuso que este caso relacionado con Río Santiago y Lago de Chapala y los indicadores que se han generado, como los relacionados con la agroindustria, han servido a la lucha que desde Yucatán se ha emprendido contra la megagranja de Homún.
Recordó al respecto que Homún es emblemático ya que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y porque afecta una zona de un pueblo maya que tiene dos reservas, áreas naturales protegidas, catalogadas como sitios RAMSAR, por el área geohidrológica del Anillo de Cenotes, la Laguna Yalahau, y porque se trata de un pueblo que su economía está en base al turismo sustentable, los cenotes y su cultura, todo lo que se pone en riesgo con la granja porcícola.
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“En el 2016, por ser una política estatal de la producción porcícola se instala, sin el consentimiento de la población, una megagranja de 49 mil cerdos, en un territorio de ocho mil habitantes y se dan los procesos jurídicos de defensa”.
“Los pobladores hacen su consulta autónoma y deciden que no a la granja, que no es compatible con su modelo de desarrollo y en uno de los juicios seis niños y niñas promueven un juicio de amparo, y hay un apartado de pruebas y en una ellas era determinar el riesgo al momento de operar le megagranja”, expuso.
aarl