Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) informó que, por la vía del amparo, se han logrado casar más de 200 parejas del mismo sexo en Yucatán y han tenido que recurrir a esta figura porque no se ha modificado el marco normativo para permitir el matrimonio igualitario, con lo que se ha mantenido una violación sistemática a los derechos humanos de las personas LGBT+.
Dijo que entre la agrupación Indignación y Unasse han promovido como 100 amparos, pero en Yucatán son más de 200, con el asesoramiento de otras agrupaciones o abogados particulares. Además, dijo que se sumarían los que han ido a casarse a otras Entidades que sí permiten el matrimonio igualitario.
Además, recordó que Alex Alí Méndez, quien inició esta estrategia de los amparos en 2013 en Oaxaca, ha hecho un recuento y Yucatán estaría entre los tres Estados del país donde más parejas del mismo sexo han promovido amparos para poder casarse.
“En este sentido, en Yucatán el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad, no solamente pensando en quienes van a casarse a otras Entidades, sino los que en el estado se han casado por la vía del amparo y son como 200 o más parejas”.
“El que no se haya modificado el marco normativo, que se estén poniendo obstáculos, tanto por el Ejecutivo como el Legislativo, es solo una forma de frenar el ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBT+ y es una violación continua de los derechos humanos de las personas”, dijo.
Reiteró que el tema no es que no se puedan casar, porque lo están haciendo por la vía del amparo, cuando lo que se debería hacer es eliminar obstáculos, las partes discriminatorias del marco normativo, para que puedan acceder al matrimonio, como cualquier pareja heterosexual, sin la necesidad de un procedimiento jurídico adicional.
“Es una vergüenza que en la Península sólo Yucatán falte por modificar su Legislación, cuando también es algo que ya es cotidiano en muchas partes del mundo y del país. En este sentido, el Estado sigue mostrando una actitud antiderechos totalmente”, agregó.
La abogada expuso que, ni las autoridades del Ejecutivo ni los diputados del Congreso del Estado, están cumpliendo con su obligación, que está en el Artículo Primero Constitucional, de observar el principio de igualdad y de no discriminación.
Ahora que estos temas ya están en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que hay que esperar qué decisión toman los magistrados y qué efectos tiene la misma para el Congreso Estatal.
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JG