Aunque Kekén comunicó que no acudió a la mesa informativa que realizó el Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in Ja’ el pasado fin de semana, porque que no cumplía con los requerimientos que marca la Constitución Mexicana, José Koyoc, miembro del Equipo de Procesos Populares del Colectivo Indignación, dijo que la firma sólo intenta deslegitimizar.
El entrevistado mencionó que lo que se está realizando en Kinchil, Celestún y San Fernando, comisaría de Maxcanú, es un derecho que tienen todos los pueblos originarios, el cual están ejerciendo estos pueblos mayas y que se encuentra respaldado en la Declaración de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Pese a que siempre se ha buscado mantener el diálogo y se ha invitado a las empresas porcícolas a que vayan a los pueblos a dialogar y enseñen toda la información, éstas nunca han asistido. “Yo creo que esa es la única respuesta pública que han dado, que es deslegitimizar la consulta”, comentó en referencia de la respuesta que emitió Kekén.
Señaló que el proceso de autoconsulta que se realiza en estas comunidades mayas por la presencia de seis granjas de cerdos, es un espacio donde se escuchan a todas las partes, para que el pueblo pueda tomar la decisión de revocar o continuar con los permisos de estos criaderos, e indicó que no necesitan ningún tipo de reconocimiento nacional.
“En este caso, ellos dicen que no está en la Constitución Mexicana, pero no es necesario, porque ya está en la Declaratoria de la ONU, que es un derecho que se puede ejercer en cualquier momento”, comentó el activista. Quien agregó que no sólo Kekén no acudió, sino que tampoco las autoridades estatales y federales que se invitaron a esta mesa de diálogo.
En ese sentido, dijo el demandante que no se presentaron autoridades ambientales como la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que tienen una función clave en el proceso porque son los que dan los permisos, los que no deben dar ninguna autorización antes de consultar.
José Koyoc mencionó que había especial interés en que un representante de la Secretaría e Desarrollo Sustentable se presentara en la fase informativa, porque ha jugado un papel importante para otorgar los permisos para la creación de estos megaproyectos, pero ningún funcionario estatal acudió a ninguno de los tres coloquios informativos que se llevaron a cabo días atrás.
Explicó que el proceso continúa, ya que lo que se realizó el fin de semana pasado fue la etapa informativa, esta semana que ya está transcurriendo será la reflexiva y el próximo domingo 25 de julio se llevará a cabo el día de la consulta, cuando se prevé la instalación de una casilla de votación en cada una de las localidades para decidir si van o no las granjas.
Durante esta fase de reflexión, los pueblos deberán evaluar y analizar todo lo que se ha llevado a cabo hasta el momento, debido a que la única dependencia federal que justificó su ausencia, fue la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual dijo que no asistió por la veda que hay por la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes del país.
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“Pero en realidad, son bastante diferentes las consultas indígenas y las ciudadanas, porque la indígena es vinculante, debe seguir todos los estándares internacionales y es un derecho de todos los pueblos originarios, no es algo circunscrito al estado mexicano, es un derecho que tienen los pueblos indígenas del mundo”, dijo.
GH