Yucatán forma parte de las 11 entidades del país que siguen sin aprobar el matrimonio igualitario y a pesar de que desde el 2015 la SCJN estableció que cualquier entidad federativa que niegue el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, argumentando fines de procreación o porque sólo deben ser entre un hombre y una mujer, por lo que desde hace seis años está cayendo en un acto de inconstitucionalidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostiene que Yucatán se encuentra entre las entidades que “siguen discriminando de forma directa a las parejas del mismo sexo al negarles el derecho al matrimonio”, junto a otras como Sonora, Tabasco, Guanajuato, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, el Estado de México, Querétaro y Zacatecas, aunque en estas dos últimas en algunos municipios sí se permite.
Para la abogada Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), en Yucatán existe una violación reiterada, sistemática y estructural de los derechos humanos de la comunidad LGBT+, con una lucha de más de 10 años sin poder acceder al matrimonio igualitario, más de tres años buscando que sea una realidad el cambio de identidad de las personas trans.
Explicó que mucho se ha hablado del matrimonio igualitario, que el Congreso del Estado ha rechazado en dos ocasiones de forma secreta y que el tema está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero el tema no solo tiene que ver con la unión de las personas del mismo sexo, sino que hay violaciones a derechos humanos porque este contrato tiene que ver con tema de adopción, de seguridad social, de herencia, patrimonio, y muchas cosas que giran alrededor.
Consideró también que la atención que el Congreso da a otros temas, como en el de las terapias de conversión no es la adecuada, porque no todo se resuelve con hacer tipos y sanciones penales, sino que el tema se debería resolver sancionando o inhabilitando a los profesionales de la salud que las practiquen, por ejemplo. Dijo que, por ende, es solo una falsa intención de resolver problemas con las soluciones que no son las más viables.
La coordinadora jurídica de UNASSE recordó que en el caso de los dos amparos que analiza la SCJN en contra del Congreso por el matrimonio igualitario, ha sido pospuesta la discusión y será difícil que el asunto sea tocado de nuevo en la actual Legislatura que concluye el 31 de agosto.
“Es lamentable que no se haya resuelto este caso en la Corte y que les dé la oportunidad de salir a los Legisladores, sin resolver esta violación a derechos humanos que ellos han generado”.
“Hay que aclarar que la deuda del Congreso no es solo con los miembros de la diversidad sexual, sino que es con toda la sociedad a la que le falló en la rendición de cuentas y la transparencia”, expuso.
Kalycho Escoffié, del Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, sostuvo también que hay una violación sistemática y reiterada para el grupo que conforma la comunidad LGBT+.
“Hay una violación para este grupo, al igual que las mujeres, pueblos indígenas. Sistemáticas y estructurales; sistemáticas porque son constantes, reiteradas, como parte de una dinámica diaria, y estructurales porque su origen forma parte de las estructuras lógicas de gobierno, legislación, imaginarios y escala de valores”, mencionó.
Por ello, explicó, cuando hay discriminación su origen no está en lo que cada quien como persona individual haga, sino que se trata de estructuras, incluso por eso, dijo, la discriminación se puede dar sin que nos demos cuenta, como cuando el personal de salud asume que ser “asexual” es una conducta anómala que requiere una terapia, y en otro caso es objetiva, como en el caso del Congreso de Yucatán al negarse al matrimonio igualitario.
Ahora bien, explicó que hoy día la comunidad está conformada por una amplitud de formas en que se expresa la existencia de las personas, como los asexuales, bisexuales, transexuales, transgénero, lesbianas, heterosexuales, entre otros.
“Realmente hay tantas orientaciones e identidades como personas, sin embargo, hay ciertos grupos que, a través de nombre se identifican y hacen comunidad y descubren que comparten experiencias y no se trata de inventar orientaciones, sino que en esta búsqueda de entender en que somos diferentes y en el camino para ver en qué somos discriminadas y discriminados es que vamos identificando estas diferencias”, explicó.
Sobre la próxima Legislatura que será de mayoría panista, dijo que sí es algo que preocupa, porque no está obligada la SCJN antes de que termine la Legislatura, y creemos que lo justo es que se resuelva antes para que esto permita que la sociedad yucateca pueda ser escrutinio y confrontar en el escenario público a estas personas que impusieron la votación secreta y que rechazaron el matrimonio igualitario.
Para la diputada Milagros Romero Bastarrachea, el Congreso del Estado se ha negado en un par de ocasiones y de forma secreta a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, “ha dejado de ser un ente de representación social de derechos humanos para ser un ente omiso, timorato y, a veces, hasta represor y da vergüenza formar parte de una Legislatura tan perversa, ignorante, que teniendo el conocimiento no hace lo que debe de hacer”.
Aclaró que no son todos los diputados, pero al final son una Legislatura y los resultados se miden de esta manera y “no hay nada que hacer que sentir pena y asumir el costo de una Legislatura que tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y, además de que lo hizo dos veces mal, lo hizo a oscuras y sin dar la cara”.
Dijo que la Corte tuvo la oportunidad dos veces, pero ahora ya no hay mucha posibilidad de que esta Legislatura haga lo correcto. “Yo no creo ya que alcancemos a votar”. Sin embargo, consideró que el hecho de que la próxima Legislatura sea en su mayoría panista, no es un factor decisivo, porque la SCJN puede ordenar el sentido en que debe darse una nueva votación.
Matrimonio igualitario y cambio de identidad
El Congreso del Estado votó dos veces en 2019 el tema del matrimonio igualitario, ambas de forma secreta y negando la unión de personas del mismo sexo. Activistas presentaron amparos contra esta determinación y la SCJN estudia dos de ellos, pero en cada caso ha aplazado el análisis y votación.
En el 2009, durante el Gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y mediante propuesta presentada por el Ejecutivo, el Congreso Estatal puso un candado al matrimonio igualitario, estableciendo en la Constitución local que esta unión podía ser solo entre un hombre y una mujer.
A pesar de la prohibición, de acuerdo con UNASSE, por la vía del amparo se han logrado casar más de 200 parejas del mismo sexo en Yucatán y han tenido que recurrir esta figura porque no se ha modificado el marco normativo para permitir el matrimonio igualitario.
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Por último, en 2018 se presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para modificar la Ley del Registro Civil, con el objetivo de que se garantice el cambio de identidad de las personas trans. A la fecha esta propuesta sigue sin ser discutida.
GH