El colectivo Kanan ts’ono’ot denunció al Gobierno del Estado por avalar ante tribunales una maniobra que intenta levantar la suspensión otorgada por la Juez Miriam Cámara Patrón, desde el 8 de octubre de 2018, a la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), que forma parte del modelo de aparcería de Grupo Porcícola Mexicano, mejor conocido como Kekén.
La agrupación manifestó que el corporativo envió un documento emitido por la directora jurídica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Karen Aguirre Bates, en el que afirma que “la planta de tratamiento de la granja de Homún fue analizada y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”.
Explicaron que este recurso, enviado “mañosamente” al Juez Segundo de Distrito, es un “hecho superveniente”, es decir un elemento nuevo que no existía, para solicitar de nueva cuenta la revocación de la suspensión de la megagranja otorgada en Tribunales a la niñez de Homún, por lo que el juez Rogelio Leal Mota ha fijado el día 5 de agosto, una audiencia para decidir el dicho documento procede y si se mantiene la suspensión o la revoca.
Ante esto, la abogada del colectivo Indignación, Lourdes Medina Carrillo, comentó que ha dejado mucho qué desear el papel del Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, ya que debió desechar el alegato que presentó la empresa, debido a que es un argumento que expuso en el pasado y fue descartado en su momento por uno de sus colegas.
“No se trata de ningún argumento nuevo que se tenga que analizar. Además, el recurso legal para analizar las razones por las cuales se dio la suspensión a favor de la niñez, es un recurso de revisión que ya se agotó. Los recursos de PAPO se desistieron por estrategia legal, cuando se lo llevó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, mencionó.
Por lo anterior, Medina Carrillo señaló que la suspensión de la megagranja fue confirmada por la Suprema Corte en mayo pasado y “no hay ningún hecho nuevo superveniente con el cual se pueda fundamentar una revocación de la suspensión, motivo por el cual la estrategia de PAPO es ilusoria e ilegal que se está armando en torno a este tema”.
De igual forma, dijo que, como particular, la empresa puede ejercer las estrategias jurídicas que desee, pero en lo delicado del caso, es que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) está participando en esa estrategia improcedente, hecho del cual se enteraron luego de que el mismo juzgado les notificó sobre el nuevo alegato que interpuso la empresa porcícola.
“Todo el tema de la suspensión que está sobre la granja es en tanto se termina el juicio, porque el juicio principal donde están las pruebas científicas, periciales, entre otras, sigue su curso y todavía falta una sentencia de fondo que dé respuesta final, pero en tanto, la lucha que se ha llevado estos tres años es en que se mantenga la granja cerrada”, dijo.
Cuestionada sobre qué procedería legalmente si el juez decide revocar la suspensión, dijo que se metería un recurso de revisión, es decir, “controvertir, contraalegar los argumentos que en su momento utilice el juez para revocar la suspensión y posiblemente se le pediría de nuevo a la SCJN que intervenga. Eso es lo que ocupa legalmente hacer”.
Puntualizó que la protesta que se realizará hoy a las 11:00 horas, es encabezada por la agrupación Kanan Tso’ono’ot (Guardianes del agua), en el parque de La Mejorada, será la primera acción social que emprenderá el pueblo de Homún en contra de la participación del gobierno de Yucatán, “que avala en tribunales una maniobra de la empresa que intenta levantar la suspensión otorgada por la Juez Miriam Cámara Patrón, desde el 9 de octubre de 2018.
Medina Carrillo reiteró que el Gobierno del Estado, está “haciendo el papel de autoridad y litigando en contubernio con la empresa”, por lo que será el pueblo de Homún quien anuncie el plan de acción que implementarán ante este nuevo hecho, el cual evidencia la amenaza que representa la industria porcina en la región que viola los derechos de los mayas, afecta el medio ambiente y pone en riesgo el agua y con ella el futuro de los niños.
Cinco años de lucha de Homún
Como POR ESTO! ha informado puntualmente, desde hace más de cinco años, Homún se ha mantenido en lucha contra la imposición de instalar una megagranja de más de 49 mil cerdos y a su lucha se han sumado diversos pueblos mayas como Celestún, San Fernando, comisaría de Maxcanú, Kinchil, Chapab y Sitilpech, comisaría de Izamal, por mencionar algunos.
La lucha se da por la amenaza que representa para la Península la industria porcina, que viola los derechos de los pueblos mayas, afecta al medio ambiente y pone en riesgo el derecho a la salud y agua de la población, en especial la de los niños, pese a que han solicitado apoyo legal para proteger el subsuelo del lugar de donde viven.
Según el documento de Kanan Ts’ono’ot, el Gobierno del Estado ha tratado de legitimar la instalación de la granja autorizando una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), “técnicamente deficiente y firmada por una cirujana dentista”.
“En septiembre de 2019, la titular de la SDS, Sayda Melina Rodríguez Gómez, otorgó a la granja PAPO un acta que avalaba una inspección que duró sólo unos minutos y en octubre de ese mismo año, la juez Miriam Cámara Patrón negó la petición de la empresa y confirmó la suspensión del lugar.
Inconforme, PAPO impugnó la decisión y, de nueva cuenta, en noviembre de 2020, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó que la suspensión otorgada a los mejores quejosos debía continuar, algo que fue ratificado en mayo pasado por la SCJN, pero a pesar de eso, buscan impugnar otra vez.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información.
Ante esta situación, el colectivo Kanan Ts’ono’ot exigió al Poder Judicial de Yucatán a llevar una actuación transparente, imparcial y garante de los derechos humanos, además de que prevén que esta nueva acción legal de PAPO no prospere, ya que aceptar algo como procedente cuando es notoriamente improcedente, sería una burla al sistema jurídico. Asimismo, al Gobierno del Estado a romper con el contubernio con los empresarios y actúe de acuerdo con el mandato constitucional de proteger, respetar y garantizar los derechos de los pueblos mayas en Yucatán.
JG