Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que María May Che, de 20 años, murió a causa de asfixia mecánica, sin especificar la manera en cómo fue provocada, familiares de la fallecida joven aseguran que ella fue asesinada y señalan que aún no les permiten ingresar al domicilio para recuperar sus pertenencias.
De acuerdo con Edith May Che, hermana menor de la fallecida y que sigue de cerca el proceso, insiste en que María fue víctima de feminicidio y responsabilizó a José C.C., quien era compañero de trabajo de la joven fallecida y con quien rentaba un predio en el fraccionamiento La Joya. Añadió que el señalado acosaba a María y que actualmente está desaparecido, por lo cual no saben nada de él.
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La entrevistada aseguró que, hasta ahora, ellos no tienen conocimiento de manera oficial del segundo dictamen forense y que sólo llegaron agentes ministeriales para “traernos una notificación de que ya habían terminado el dictamen. Pero no sabemos el contenido, sólo por lo que leímos en la prensa”.
Añadió que en el primer dictamen forense también determinó que María había muerto por asfixia mecánica, pero no se pudo especificar la causa debido al avanzado estado de putrefacción del cuerpo. La joven aseguró que en los próximos días acudirían a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde les darían los resultados y les informarán los avances de la investigación.
Asimismo, Edith May explicó que tienen interpuesto un recurso para que se les permita ingresar al predio donde su hermana vivía, para recuperar sus pertenecías; sin embargo, no han tenido respuesta de las autoridades ministeriales. Señaló que en esa casa se encuentra su ropa, pertenencias personales, identificaciones, así como su tarjeta bancaria, donde le depositaban sus quincenas.
Por último, recordó que el próximo domingo se cumplen cinco meses desde la última vez que la vieron con vida.
Como informamos anteriormente la joven fue reportada como desaparecida el 8 de abril pasado. Sin embargo, el 16 de ese mismo mes, su cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición en las áreas verdes del parque del fraccionamiento La Joya, en el Poniente de la ciudad.
Anteayer se dieron a conocer los resultados de los estudios forenses realizados por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), en que se determinó como causa de muerte asfixia mecánica. Sin embargo, indicaron que no fue posible determinar si la causa fue por homicidio, suicidio u otro factor.
En ese tenor, se dijo que la investigación continuará su curso hasta agotar todos los recursos legales.
Caso impune
Al respecto, la activista Adelaida Salas Salazar, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, aseguró que el caso de María Chay reúne las características para que no haya justicia, debido a que es pobre e indígena, y no recibió la atención mediática como en otros hechos similares. En ese tenor, indicó que el hecho podría quedar impune al igual que casos similares que han ocurrido en el estado.
Recordó un caso similar, ocurrido hace más de 10 años en Chicxulub Puerto, en donde se reportó el asesinato de una joven, la cual presentaba signos de violencia sexual.
“Sin embargo, a pesar de estos elementos, el caso no se investigó porque la víctima era pobre e indígena”, indicó la activista.
Sobre el caso de Teresa, la mujer asesinada en el fraccionamiento Gran San Pedro Cholul, expuso que el hecho no estaba siendo contemplado en un principio, pero luego de que los hechos se viralizaron, tres dependencias estatales se encargaron de investigar los hechos y dar acompañamiento a la familia, algo que no se realiza en otros crímenes.
“En esta ocasión, no sé si por lo mediático, por el escándalo o por lo que tú quieras, se pusieron las pilas e hicieron lo correcto (las autoridades). Pero detrás de Teresa y Emma Gabriela, que fueron casos muy mediáticos, hay muchos que han quedado así (impunes). Esperemos que el de esta chica (María May Che) no quede así”, puntualizó la activista, quien agregó que lo único que desea la familia es justicia.
Aunque en la Entidad ya se aprobó que el delito de feminicidio sea castigado con 65 años de cárcel, Salas Salazar comentó que no existen programas de prevención en el estado.
“Si no estamos trabajando prevención, de que nos sirve poner 100 años (de cárcel) si ya la mataron”, comentó la activista, quien criticó que Yucatán no existen políticas públicas para trabajar niños y niñas en materia de prevención.
Ante tal situación, comentó que lo que necesita el estado es la prevención y es algo que está estipulado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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“Si no damos prevención, estamos medio atendiendo y medio sancionando, ¿cómo crees que se vaya a erradicar la violencia en Yucatán?”, precisó Salas Salazar, quien agregó que esta ley no está siendo aplicada por las autoridades estatales.
GH