En un hecho inédito para la justicia de Yucatán, 19 exregidores están siendo procesados por el delito de presunta corrupción, 11 de Progreso y 8 de Celestún.
Los exediles bajo proceso penal, en ambos casos, pertenecen a la administración 2015-2018, cuyo ilícito se descubrió durante el proceso de entrega recepción.
De manera global, la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción los acusa de una afectación al erario público de sus municipios por 59 millones 345 mil 196 pesos.
En el caso de Celestún, son siete los exregidores que ya fueron imputados por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, y cohecho. Un regidor más será llevado por la fuerza pública el próximo 23 de agosto para que comparezca, debido a que no se presentó a la audiencia realizada anteayer en el Centro de Justicia Oral de Umán.
De acuerdo con los informes que forman parte en la investigación, uno de los hijos del exalcalde S.L.R.M., se encuentra entre las personas beneficiadas en la transacción que causó un quebranto al patrimonio de ese puerto por 56 millones 845 mil 196 pesos, debido a que es socio de la empresa a la cual el Ayuntamiento le vendió dos propiedades.
Los terrenos, ubicados en una zona de alta plusvalía, la Comuna los vendió por abajo de su valor real. De acuerdo con la investigación de la Vicefiscalía, esas propiedades tienen un costo de 57 millones 245 mil 196 pesos; sin embargo, la Comuna los vendió en 400 mil pesos.
La aprobación la realizó el Cabildo el 18 de junio del 2018, es decir, dos semanas antes de las elecciones y dos meses antes de concluir su gestión.
Anteriormente, en el 2017, vecinos del puerto realizaron violentas protestas para denunciar que familiares del Edil se estaban adjudicando terrenos y que despojaron a vecinos de la comunidad de sus lotes para adueñarse de ellos.
En mayo del 2017, el ahora exalcalde y su familia tuvieron que ser rescatados por la policía, debido a que los pobladores los querían linchar; en ese entonces, la gente dañó una patrulla y causó destrozos en el Palacio Municipal, por lo que se cerraron los accesos al puerto. La SSP tuvo que desplegar un número importante de unidades para restablecer el orden.
Durante cerca de tres meses el edil despachó fuera del municipio.
Tras conseguir la vinculación a proceso de los siete exregidores, tres empresarios y un perito, la Vicefiscalía Anticorrupción continuará con la investigación con la finalidad de reunir la mayor cantidad de pruebas que serán utilizadas en un juicio.
En el mismo estatus se encuentran 11 exregidores del Ayuntamiento de Progreso, quienes fueron acusados por el delito de cohecho, debido a que presuntamente recibieron 110 mil pesos en efectivo para favorecer a una empresa con un contrato por 39 millones de pesos para el cambio de luminarias en el municipio.
Cabe recordar que, del 2019 a mayo del 2021 en Yucatán, se han interpuesto 142 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos, entre los ilícitos denunciados están cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
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De estas 142 querellas, 123 fueron presentadas ante la Unidad Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República y 19 ante la Fiscalía General del Estado.
JG