Rosa María Aguilar Tun, aún sigue esperando que la Fiscalía General del Estado le haga justicia; el pasado 19 de julio fue despojada de su vivienda y establecimiento además de que fue agredida con un machete al grado de poner en peligro su vida.
Cabe recordar que esto ocurrió en la comunidad de Loche, municipio de Panabá, cuando el exconyuge Fidelio Contreras Fernández, en complicidad con su hijo Fidelio Iván Contreras Aguilar, atentaron contra la vida de Rosa María al realizarle un corte en el brazo con la intención de matarla, no conformes los dos sujetos despojaron de su propiedad a la afectada.
Rosa María pide al Fiscal General del Estado y demás instancias donde ha recurrido hagan valer las leyes y se le haga justicia pues en reiteradas ocasiones ha acudido a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde solamente evaden y le dan largas a su caso. La mujer solicitará ayuda al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a fin de señalar que le están violentando sus derechos como mujer al no avanzar su caso en las dependencias encargadas de impartir justicia debido a que su expareja es influyente.
En escrito dirigido al Presidente de la República, el Gobernador del Estado Mauricio Vila Dosal, representantes de la Fiscalía General del Estado y Centro de Justicia para las Mujeres la afectada denuncia públicamente toda la violencia familiar e institucional que ha sufrido, durante meses, por parte de Fidelio Contreras Fernández y Fidelio Iván Contreras Aguilar, a la Agencia Investigadora Décimo Quinta de la Fiscalía General del Estado del fuero común, con sede en la ciudad de Tizimín, Yucatán, licenciados y notarios de este municipio involucrados por escrituras públicas apócrifas y mal fundamentadas.
Así como a autoridades estatales al mando de José Tiburcio Canul Caamal, con número de unidad 6569 de los hechos ocurridos el 7 de marzo del año 2021 y a la Secretaría de Salud estatal.
La querellante solicitó órdenes de protección de emergencia, las cuales nunca le dieron, asesoramiento de un defensor de oficio. Se le fue negado estas medidas emergentes y preventivas de protección violando, de tal forma, todos sus derechos como mujer y violando los artículos 5,19,45,46,47, 52,60,61,63,64 con fracciones varios de la Ley General del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Señaló que ha acudido a varias instancias donde ha presentado derechos de propiedad, listado de pertenencias, facturas, licencias de funcionamiento, así como escritos a diferentes instituciones para que las autoridades competentes hagan una investigación a fondo y la apoyen para la pronta recuperación de sus bienes inmuebles, ya que ha presentado testigos, facturas y documentos de acreditación de las mismas, pero hasta la fecha el caso no tiene avance.
La afectada relató que el 19 de julio pasado “fui despojada con lujo de violencia de mi vivienda y negocio, delante de la autoridad estatal y municipal rompieron candados, cortaron y soldaron rejas, me robaron, me agredieron con un machete, a tal grado de intentar matarme, se aprovecharon y se aprovechan porque estoy sola. Denuncié, nuevamente pedí órdenes y medidas de protección de emergencia y me fueron negadas y ahora me encuentro sin casa, sin dinero, sin trabajo y enferma, viviendo con miedo, sin un techo seguro para dormir después de haber trabajado incansablemente durante 32 años”
“Estas personas, papá e hijo, se encuentran disponiendo de mi casa, pertenencias, negocio, trabajando con mi inversión en mercancía y dinero, protegidos por autoridades cuando nunca lo han trabajado y vivido ahí y hago responsable de todo lo que me pase a las instituciones y personas antes mencionadas si algo grave me llegara a pasar incluyendo mi muerte. Seguiré luchando, tocando puertas y tratando de hacer valer mis derechos como mujer y ser humano”, añadió.
“Las órdenes y medidas de protección de emergencia los otorgan los fiscales del Ministerio Público y son de violencia familiar, que son los que me fueron negados en su momento y que ellos señalaron lo girarían a las autoridades competentes y nunca lo hicieron. Hubo conciliación y cierre de carpetas cuando no se debía de hacer, negativas de orden de protección de emergencia inmediata, asistencia jurídica, defensor de oficio y otros. Ya me di cuenta que todo este tiempo sólo me han dado largas”, concluyó.
Ataque del 19 de julio
Cabe recordar que la noche del pasado 19 de julio, en el interior de un local comercial, en la comisaría de Loché, Panabá, Rosa María Aguilar Tun fue auxiliada por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al parecer por intentar cortarse las venas y acabar con su vida.
Rosa María fue trasladada al Hospital San Carlos de Tizimín para ser atendida por las lesiones.
Elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) llegaron en ese momento al lugar para realizar las diligencias correspondientes que llevaran al esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, lo que al principio parecía un intento de suicidio dio un giro inesperado, pues durante la mañana siguiente el hijo de la mujer lesionada fue desalojado del local comercial, una vez que la señora comprobó ser la propietaria del inmueble y haber sido atacada por su propio hijo y exmarido. Al parecer, en el lugar se encontraron documentos quemados.
Según testigos, Aguilar Tun llegó a la tienda luego de acudir a la FGE donde interpuso su demanda correspondiente, la cual hasta la fecha no ha sido atendida.
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