Tanto en la capital del estado como en las comunidades rurales e indígenas las mujeres están comenzando a levantar la voz contra la violencia de que son objeto; las cifras son duras: en Mérida el Instituto Municipal de la Mujer atiende a diario a 33 mujeres que han sufrido o sufren violencia, mientras que en medio rural e indígena estudios revelan que más del 70 por ciento es víctima de maltrato.
La lucha es desigual y las instituciones que las acompañan saben que el camino es largo, ya que aún no está arraigada la cultura de la denuncia; las mayas piensan que son “merecedoras” de esa situación, y en las comunidades indígenas hasta son agredidas por el simple hecho de denunciarlo penalmente.
En la capital yucateca, el Instituto Municipal de la Mujer, al hacer un balance a sus 21 años de creación, resaltó que en ese lapso han atendido a 134 mil 263 mujeres, que buscan una solución definitiva a su problema.
También ya atendieron a 55 mil 143 personas en materia de prevención a las violencias en contra de las mujeres, incluidos cinco mil 183 hombres, que fueron capacitados en programas de sensibilización e intervención comunitaria.
La titular de la dependencia municipal, Josefina García Magaña, apuntó que, cada día, aproximadamente mil mujeres se atienden de forma mensual -33 diarias- con servicios especializados y que en estos 21 años han apoyado a 783 mujeres en los tres centros de Atención y Refugio para Mujeres con o sin hijos en situación de violencia extrema, y que ante la demanda en 2023 se contará con un cuarto refugio que se ubicará en el norte de la ciudad, con recursos aportados por el Ayuntamiento de Mérida.
Sobre las denuncias de las mujeres, dijo que cada vez adquieren más esa cultura, por lo que la cifra de quienes buscan ayuda tiende a aumentar, debido a que “son las propias mujeres beneficiadas quienes promueven el apoyo recibido por ser víctimas de algún tipo de violencia, fenómeno que se registra en aumento en cuatro lustros.
A su vez, un estudio elaborado por la investigadora Gina Villagómez reveló que más del 70 por ciento de las mujeres rurales en el Estado sufren de violencia de género, afirmando que lo más grave del asunto es que dicen ser merecedoras de esta situación, con el lema “es la cruz que me tocó vivir” muchas permiten el abuso de sus maridos e incluso de sus hijos.
Apuntó que en el Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra hoy, es cuando se visibiliza la problemática con respeto al abuso que vive el sexo femenino en comunidades indígenas, quienes además de ser amas de casa, apoyan a sus esposos con ventas de productos que estos cosechan, en los mercados de sus poblaciones o en la capital del Estado.
Tal es el caso de Aurora Pech Cocom, quien todos los días viaja de una comunidad de los límites de las comisarías de Umán para vender en el mercado de Mérida; desde las 7:00 horas comercia los productos que su esposo trae del campo; sin embargo, tiene que regresar antes de las 17:00 horas, para atender a sus hijos y su marido y hacer los quehaceres del hogar.
Gina Villagómez enfatizó que el maltrato que sufren las mujeres rurales es causa de un problema sociocultural, no solo por la alta tasa de violencia que se presenta en el Estado, sino porque estas creen que son merecedoras del abuso a las que son sometidas.
“Tengo casada 35 años, mi marido toma mucho, pero al menos lleva dinero a la casa, es una persona un poco agresiva, pero solo si lo hago molestar; mi papá era igual, pero mi mamá jamás lo dejó; es la cruz que nos tocó vivir... no podemos bajarnos del barco una vez subidas, hay que afrontar lo que nos tocó vivir”, dice, con tristeza María del Socorro Cauich.
En la casa de la Mujer Indígena de Halachó “Toj Óolal Puksiik’al”, su representante, Margelli Huchim, aseguró que, cada vez acuden más a pedir ayuda, pero el problema es difícil de combatir, ya que cuando intentan visualizarlo en la comunidad o acompañan a alguna mujer a interponer su denuncia, también son víctimas de violencia.
Señaló que más que un apoyo o refugio para la mujer indígena, la casa ubicada en San Antonio Sihó, se ha convertido en un parteaguas para el empoderamiento de las mujeres en el interior del Estado, porque les da armas para luchar por sus derechos, así como también la fuerza y entereza para combatir el maltrato del que han sido víctimas por años.
Tras abrir sus puertas en el 2008, han auxiliado a más de cuatro mil 500 mujeres, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, además de brindar atención con respecto a la salud sexual y reproductiva, con la promoción de hábitos integrales, desde el enfoque de los derechos humanos con igualdad y equidad de género.
Collí Huchim señaló que a pesar de que la denuncia de violencia por las mujeres indígenas se ha incrementado hasta en un 50 por ciento en los últimos años, es muy difícil de combatir, ya que muy pocas se atreven a denunciarlo, debido a la discriminación y falta de empatía por parte de las dependencias.
Collí Huchim comentó que esto ocasiona que más de 80 por ciento de las mujeres desista de poner sus denuncias o seguir con el proceso; sin embargo, en los últimos años, el pensamiento ha cambiado, ya que cada vez más pierden el miedo a denunciar, pues se les ha mostrado el camino de cómo salir del círculo de violencia.
“Ahora las mujeres de Halachó y Maxcanú y las comisarías que pertenecen a estos municipios, con el apoyo constante que se les ha brindado saben que pueden denunciar y hablar sin que les pase nada, por lo que se está visibilizando la situación de violencia que viven las mujeres rurales, e incluso algunas han perdido el miedo enfrentando a sus esposos, padres y hermanos al buscar apoyo”, aseguró.
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JG