“Hemos expuesto a Grupo Porcícola Mexicano (Kekén) y sus malas prácticas en más de 500 granjas en diversas comunidades del Estado de Yucatán, como parte de la agenda de nuestro posicionamiento a favor del derecho humano al agua, en el VI Congreso Nacional Agua Para Todos Agua Para la Vida, que se lleva a cabo en Torreón, Coahuila”, informó Teresa Vaugth Charruf, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua en Yucatán.
En entrevista, la activista dijo que las injusticias que se cometen contra el hábitat y los pueblos originarios en sus tierras en el interior de Yucatán por parte de Kekén no deben quedar impunes, ni deben continuar adelante, y afirmó que las autoridades son parte del problema, por no aplicar la ley estatal del medio ambiente y permitir que esa empresa porcícola continúe operando sin castigo legal alguno.
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Vaugth Charruf afirmó que la delegación de Yucatán, que acompaña en el evento a 28 grupos estatales más, está integrada por 11 personas, que se componen por activistas, académicos, y también dos miembros de comunidades indígenas se pronunciaron por terminar con la presencia de Kekén en Yucatán, porque la empresa porcícola, lejos de tener un compromiso social, lo tiene con sus intereses y a costa de las comunidades en las que opera.
“Estamos exponiendo el caso de las 500 mega fábricas de cerdos y estamos informándole a la gente que todavía cree que en Yucatán no pasa nada, nos estamos encargando de que sepan que no es así, que tenemos unas autoridades que responden a los intereses empresariales y prácticas y políticas ultraneoliberales, y que se mantiene una deuda histórica con las comunidades mayas, la cual no se está validando al no sacar a Kekén de la entidad, ni ponerle freno mediante el ejercicio de la ley”, recalcó.
Agregó que también han expuesto el tema del crecimiento inmobiliario, que “se desarrolla sin un plan y con un desorden que pone en riesgo el sistema cárstico de Yucatán”, y apuntó que el Gobierno estatal no está escuchando, porque “solo sirve a los empresarios”.
“En general todos en esta reunión coincidimos en que la corrupción y la simulación de los gobiernos, son los que están poniendo en riesgo este derecho humano al agua, derecho a la vida, derecho a la salud, y al derecho de los pueblos indígenas, y eso es evidente”, afirmó.
La activista informó que como parte de su estrategia para crear la contraloría autónoma ciudadana del agua en Yucatán, están retomando experiencias de cada Estado, y capacitándose, porque “la idea es que la gestión transformativa del agua ya tome lugar, porque aunque no tenemos una ley y política, ni políticos que la avalen, debe existir esta participación ciudadana para que entre todas y todos, podamos tejer y hacer la diferencia”, finalizó.
Primer paso para sancionar a Grupo Porcícola
“La Ley del Medio Ambiente, aprobada por el congreso estatal durante el primer periodo de sesiones del 2021, es muy clara: cualquier granja que contamine el suelo y el subsuelo tendrá una sanción administrativa y económica fuerte”, afirmó el diputado Esteban Abraham Macari, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del legislativo estatal.
Ante esa afirmación, entrevistado en exclusiva por este rotativo, se le cuestionó sobre el por qué Grupo Porcícola Mexicano no ha sido sancionado de la debida forma, pues está demostrado el daño grave que causa al suelo, manto freático y hábitat, además de poner en riesgo la salud de los habitantes de diversas comunidades en el interior de Yucatán, incumpliendo la ley.
Abraham Macari explicó que hay dos pasos y que desde la óptica de los diputados ellos han cumplido con la suya, que es crear las leyes y promoverlas para su oficialización, lo cual ya es un hecho en el caso de la que a medio ambiente respecta.
“Ese es el primer paso, que quien contamine, pues pague por la contaminación, y si no quiere pagar ese impuesto por contaminar, que deje de hacerlo; estamos dando la opción de no contaminar y no pagar, pero si contaminas las sanciones son fuertes”, dijo.
Sin embargo, probadamente los procesos de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén) incumplen la norma y de eso hay pruebas bien documentadas a las que POR ESTO! ha dado seguimiento, por lo que el diputado fue cuestionado sobre si quienes legislan no están también obligados a revisar y vigilar que los órdenes de Gobierno correspondientes cumplan con aplicar la ley.
“A nosotros como diputados nos corresponde crear la ley, aplicarla y vigilar que eso se haga corresponde a los funcionarios que para ello trabajan, y en el caso de Kekén tengo entendido que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Sayda Rodríguez Gómez, ya está imponiendo sanciones a las granjas que están contaminando; si no se está obrando de acuerdo con la ley que emanó de una propuesta nuestra y que es oficial desde hace seis meses, habría que cuestionar a esa autoridad”, aclaró.
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JG