La secretaria de Gobernación, María Fritz Sierra, afirmó que el Estado se hará cargo de dos menores, uno de seis años y una de mes y medio, porque ambos tienen lesiones.
Esta decisión se da después de que Julissa Chuc Haas, madre de ambos niños, instalara una casa de campaña frente al Palacio de Gobierno para pedir que se le devolviera a sus hijos, quienes están en resguardo de las autoridades, por disposición de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay).
Según se supo, el menor tiene lesiones en la boca, con riesgo de una sepsis y de infección por hongos en los dedos de uno de sus pies. Su hermanita presenta indicios de afectación neurológica. Esto, desde que estaba en el vientre de su madre, al parecer, por el consumo de drogas; incluso, la mujer está en una etapa de abstinencia bajo los cuidados del DIF Yucatán y la misma Prodennay.
La madre de los infantes ha denunciado que es víctima de discriminación por su condición de pobreza y preferencia sexual, por lo cual presuntamente escatiman su derecho a ser mamá. Al respecto, el Gobierno del Estado asegura que el niño de seis años tiene marcas de quemaduras, lesiones delicadas en la boca y en los pies.
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Fritz Sierra señaló que “nadie pretende quitarle sus hijos a Julissa, nada más los protegemos por las condiciones de salud en las que se encuentran”.
La funcionaria habló con Chuc Haas y le informó que buscan mecanismos legales para registrar al niño de seis años de edad quien no tiene acta de nacimiento, nunca ha ido a la escuela ni tiene alguna vacuna. En cuanto al daño neurológico que sufre la niña, se sospecha que pudo ser porque la madre, durante su embarazo consumía drogas.
Según la secretaria de Gobernación, le dijo a la mamá de los menores que una vez que sean estabilizados de salud y cuenten con registro y demás papeleos se los devolverían, siempre y cuando ella garantice su atención y cuidado.
A pesar de eso, Julissa inició un plantón a las puertas del Palacio de Gobierno para exigir a la Prodennay que le devuelvan a sus hijos. Señaló que permanecerá frente a la sede del Ejecutivo estatal hasta que les sean devueltos. “No me importará pasar la Navidad aquí sola, solo con las fotos de mis hijos”, dijo mientras estaba a un lado de una pequeña casa de campaña que instaló en la calle.
La historia comenzó desde el pasado 26 de octubre, cuando la mujer llegó al Hospital General Agustín O’Horán, donde dio a luz a una bebé. Allí, una trabajadora social comenzó a cuestionarla sobre su orientación sexual, porque tiene una expresión de género masculino, y cuando le contestó que era lesbiana, la respuesta que recibió fue que no sería “un buen ejemplo” para la bebé y su hijo, así que les fueron retirados.
Desde esa fecha, la Prodennay activó los mecanismos de asistencia social pertinentes por el caso de la bebé, quien en ese momento tenía dos días de nacida.
“Durante la investigación, se identificó a otro menor, de seis años de edad, con una serie de omisiones en su cuidado: le falta registro ante el Registro Civil, no acude a la escuela y presenta evidencias de que recibía malos tratos, de lo que resulta que no se le restituyen en su totalidad sus derechos para vivir en condiciones dignas y para su sano desarrollo”, explicó el DIF.
También se dijo que la mujer no cuenta con una red de apoyo, razón por la cual se decidió que la bebé y el niño quedan bajo tutela del Estado.
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CC