Ayuda a sacar a su esposo de la cárcel en Mérida, pero la deja sola y con deudas

Hace siete meses que M.G.L.N., de 34 años de edad, de oficio tornero y soldador, se fue de su casa y dejó, no sólo a su esposa y a sus tres hijas menores de edad, sino una maraña de conflictos legales y familiares. Ahora su esposa, M.D.L.N., también de 34 años, vive asfixiada en esta historia de violencia psicológica y económica.

Este caso parece uno más de tantos que suceden a diario. Pero no es así. La mañana del 1 de julio del año pasado, M.G.L.N. fue detenido por la policía estatal. Se vio involucrado en la muerte de una persona en la colonia El Roble Agrícola, en el Sur de Mérida.

La noticia corrió con mucha rapidez porque el cuerpo del fallecido estaba desnudo en el asiento trasero de un automóvil Seat que los asustados vecinos reportaron en las primeras horas de la madrugada.

M.G.L.N. negó todo. No recordaba haber golpeado o paseado el cuerpo muerto de su compañero de parranda. Ni cómo es que la barda del taller de tornería estaba derribada. Los vecinos comentaron que escucharon un estruendo en la madrugada y también que habían visto que varias personas se emborrachaban dentro del taller desde la tarde anterior.

Al ver las fotografías del hecho violento que circularon en las redes sociales, ella se asustó y temió que su esposo tuviera algo que ver el presunto crimen. Parecía obvio: no contestaba el teléfono y no había llegado a dormir a la casa, además el taller estaba por esos rumbos.

Varias horas después, una llamada telefónica confirmó la sospecha: M.G.L.N. se hallaba detenido e incomunicado. Para entonces la Fiscalía realizaba las investigaciones. Como él no recordaba nada por el grado de embriaguez que tenía y tampoco había evidencias fehacientes, dos días después salió en libertad bajo fianza.

Para reunir la paga, toda la familia recaudó recursos de algún modo, a manera de una “vaquita”. Ella por ejemplo entregó a su suegro los papeles del automóvil para que lo vendiera y las niñas empeñaron su Xbox “para ayudar a papá”.

“Te voy a devolver a tu marido”, prometió el suegro en una mañana cuando fue a visitarla. Pero ella no volvió a ver a su pareja. Él no regresó a casa. Al contrario, cuando quedó en libertad de ese embrollo también buscó su “libertad”, alejándose de su familia. Primero se fue a vivir con su tía, luego con su mamá y finalmente con su hermana.

Su esposa, desesperada por la ausencia y por los gastos que implica la manutención de las niñas y los costos de la casa, intentó buscarlo con su suegra. Pero la señora, en vez de apoyarla, la sentenció: “Él no regresará… veré que te pase tu semana”. 

La separación afectó a las niñas, una de 7, otra de 11 y la mayor de 14 años. La pequeña se enfermó de rinofaringitis, la segunda mostró cuadros de estrés e hiperactividad y la mayor tuvo gastritis e inflamación del colon. Y ella, anemia.

Luego se supo que M.G.L.N. se había enfermado de COVID-19 y por ello tenía dificultades para cubrir los gastos de manutención. A cuentagotas entregaba despensa y dinero en efectivo. Pero poco a poco, el apoyo fue disminuyendo, pero aumentaron los enfrentamientos y las necesidades.

Ella tenía que rogar por los alimentos de las niñas, por el pago de energía eléctrica, por el agua, por internet para el estudio en línea de las pequeñas. El 15 de diciembre había acordado formalizar el pago de la pensión alimenticia en una reunión en el Centro de Justicia para las Mujeres.

Expediente

Pero todo cambio de repente. El domingo 5 de diciembre, cuando M.G.L.N. tenía de visita a sus tres hijas en la casa de su hermana, justo en la madrugada, él intentó abusar de la niña mayor.

Asustada, la menor llamó por teléfono a su mamá. M.G.L.N volvió a negar todo. Dijo que sólo intentaba cubrirla con una sábana, cuando en realidad intentaba retirarla. M.D.L.N. acudió pronto por su hija y luego presentó ante la Fiscalía una denuncia por abuso sexual. El caso quedó registrado con el número de expediente G2/825/2021.

Los acuerdos del día 15 de diciembre quedaron enterrados. M.D.L.N más devastada. La Fiscalía fijó la audiencia para el 21 de enero, pero un día antes una empleada se comunicó con ella para posponer la reunión porque la abogada que veía el caso se había contagiada de COVID-19. Le dijeron: “Cuando se recupere te vamos a hablar”.

“Hasta el momento nada, no me han hablado”, dice M.D.L.N., sentada en el sillón de la sala de su casa.

Tampoco ha “caminado” el trámite de pensión alimenticia. La cita prevista para el día 7 de enero se pospusa hasta nuevo aviso. La abogada del caso también se contagió de COVID-19.

Atrapada en la burocracia

Ella esta prácticamente atrapada en las leyes que debieran de protegerla. Vive en carne propia las consecuencias de la burocracia. La asesora del Centro de Justicia para las Mujeres le recomendó trabajar y pagar los servicios de una cuidadora para sus hijas. “¿Y de dónde voy a sacar el dinero?”, dice ella. Además, vive afligida porque su suegro le advirtió que podría quitarle a las niñas si las deja solas para ir a trabajar.

El 13 de diciembre acudió a la Fiscalía para denunciar a su cuñada por amenazas. El hecho quedó en el expediente 68/3238/202. Su cuñada dijo que si seguía con el tema del abuso sexual a la niña, la pequeña podría terminar en un sitio de reclusión y que sus otras hermanas en el DIF.

De ese expediente sólo se logró una conciliación y un acuerdo.

Ante todo esto, ella dice: “Me siento muy estresada, muy nerviosa, encerrada cuidando a mis hijas, mientras que ese señor (se refiere a su esposo), me humilla al darme 200 pesos como gasto y me dice que trabaje. Yo siento que la sociedad presiona a las mujeres para estar en esta situación, sufrimos golpes y humillaciones”.

M.D.L.N. recibe de su esposo escaso apoyo económico. A veces 150, 200, 500 pesos luego de rogarle mucho. Mostró un recibo de agua potable con una deuda por 2 mil 545 pesos. El día que Por Esto! visitó su casa no tenía internet y las niñas no podían estudiar en línea. Estaba en espera que su esposo pagara el servicio en una tienda de conveniencia.

Hace poco se quedaron sin energía eléctrica por un tiempo. La deuda alcanzó a 2 mil 90 pesos. “Tuvimos noches con velas encendidas. Tuve que ir a casa de una amiga y también con mi mamá”. Su esposo también dejó de pagar el crédito Infonavit. Debe tres meses: 2 mil 600 pesos.

“Él ya no quiere dar nada para sus hijas. Estamos en riesgo de perder la casa y me amenaza con que la va a traspasar a nombre de otra persona. Creo que las leyes se vuelven cada vez más lentas y en contra de nosotras las mujeres, como si estuvieran a favor de los hombres para que ellos hagan lo que quieran, que abandonen a sus hijos sin ninguna responsabilidad”.

Insiste: “Siento que las mujeres estamos en desventaja. Me dicen que por mis hijas sólo recibirían 600 pesos y que yo debo dar otros 600 pesos, ¿y de dónde lo voy a sacar? Además, ¿qué puedo hacer con  mil 200 pesos? ¿podría pagar la ropa de las niñas, los zapatos, la educación, internet, agua, luz, gas y la casa?

Con una enorme aflicción, M.D.L.N. cruza los dedos de las manos y advierte: “Mientras los jueces dictan un resultado, podría pasar un año y mientras qué comen mis hijas. ¿Dónde está la equidad de género?”.

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JG