Ante la decisión de la magistrada Julia Ramírez Alvarado, del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, de desestimar las quejas presentadas por niñas y niños mayas de la comunidad de Homún por la suspensión de la mega granja de cerdos, hoy la comunidad de Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes) está en alerta por la resolución de este juzgado.
Lourdes Medina Carrillo, abogada del grupo Indignación, platicó en entrevista para POR ESTO! respecto a la resolución de los magistrados del tribunal, quienes desconocen los argumentos por los cuales votaron para desestimar las quejas presentadas y qué lineamientos se consideraron ante los documentos presentados por la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), que no tendrían sustento legítimo alguno.
“El sentido general de esta resolución da luz verde al juez Rogelio Mota para que resuelva el incidente recordando que la empresa alega, con documentos, que las condiciones por las que la granja fue cerrada han variado y que ahora la planta de tratamiento está construida y la autoridad estatal da un oficio donde dice que cumplirá con las normas, así como un dictamen de la UNAM, el cual fue negado por la institución”, dijo la representante legal.
Como informó la agrupación, la empresa PAPO entregó pruebas en las que solicitaba que se levantara la suspensión, una de ellas fue un documento de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) que dice que la planta de tratamiento cumple con los límites máximos permisibles.
“La planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”, se describió en dicho comunicado. Sin embargo, la agrupación señaló que la dependencia está emitiendo documentación para un proyecto que se encuentra suspendido bajo un proceso legal, por lo que estaría incumpliéndolo.
Lourdes afirmó que el juicio continúa y será en 10 días, conforme marca la ley, para que el juez dicte una resolución en la que se decidirá si la mega granja se abre o se mantiene cerrada. Sin embargo, los defensores de los cenotes mantendrán la suspensión del proyecto.
“Todavía hay unos meses más para que se dicte una sentencia de fondo por todas las condiciones que se han descubierto por esta industria, hay que hacer un importante análisis”, explicó y añadió que en otros pueblos como Sitilpech, Kinchil, Chapab, San Fernando ya viven las afectaciones ambientales, como los niveles de contaminación del agua, que se atribuye a esas fábricas por los residuos que produce.
“Homún es vulnerable porque puede marcar una política pública o un precedente importante, hay que evitar esos daños que otros pueblos ya están sufriendo, la zona y la industria ha sido documentada. Genera problemas al ambiente, incluso la Suprema Corte ratificó esta suspensión y se han comprobado aspectos adversos”, explicó.
Como informamos, el 25 de febrero pasado, un grupo de organizaciones internacionales y especialistas ambientales y del sector salud enviaron un amicus curiae al Juez Segundo de Distrito, en el que señalaron que la mega granja porcícola amenaza con generar daños irreversibles a la salud, esperando que el juzgador resuelva a favor de los menores y de un medio ambiente sano.
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JG