El Gobierno del Estado trabaja en actualizar el marco jurídico para frenar el crecimiento desorganizado de la zona metropolitana de Mérida, y evitar los problemas que generan algunas empresas con la venta de lotes de inversión en municipios aledaños, donde los servicios a esos terrenos no pueden llegar, ocasionando molestias a los compradores y hasta fraudes.
De acuerdo con el director del Instituto de Vivienda del Estado (IVEY), Carlos Viñas Heredia, se debe actualizar el marco jurídico de Desarrollo Urbano y Vivienda, incluyendo la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de Condominios y la Ley de Nuevos Desarrollos, y crear una nueva, la Ley de Aguas.
Luego de eso, crear nuevas leyes como la Ley de Aguas, que no existe, y una serie de normas que debemos ir actualizando, pero emanando todo de lo que es la Ley de Asentamientos Humanos.
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Para Seguir trabajando
Dijo que “tenemos que homologarla a la que hubo en el 2016 a nivel federal y una vez que se haya actualizado, se seguirá trabajando paralelamente en las otras leyes”.
“Ya que tengamos esta normatividad actualizada, totalmente alineada, pues muchas veces se contradice una con otra, entonces ya podemos trabajar con todas las leyes emparejadas, y con los Programas de Desarrollo Urbano de la zona metropolitana y después con los de los municipios”, añadió el funcionario estatal.
El alcance del Programa de Desarrollo Urbano metropolitano abarcaría de 9 a 11 municipios alrededor de Mérida, con esto ya podremos tener un reordenamiento de toda la metrópoli con acuerdos entre los municipios para que no de repente haya un fraccionamiento de un municipio al lado de un basurero de otro municipio, así se evita desconectar la vialidad entre las comunidades con los nuevos desarrollos.
Expuso que debe haber un acuerdo o una mesa de trabajo para que esos PDU´s, junto con la actualización del marco jurídico, permitirá saber hacia dónde queremos ir y que no tengamos el problema de esa dispersión, de esa expansión de la mancha urbana.
“Al leer la publicidad ve uno que el desarrollo está a cinco minutos de la playa, tenemos una costa muy grande, pero tenemos que ver que se cumpla con todos los servicios ofrecidos, porque vender una propiedad desde el punto de vista técnico es cualquier cosa, pero desde el punto de vista humano, una propiedad tiene que ser el centro del núcleo familiar”.
Los servicios en un lote determinan la importancia de la familia y definir el hogar, y si no, no estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones.
Viñas Heredia explicó que son muchas leyes que se tienen que cumplir para dejar listo un proyecto y tienen que ver con los tres niveles de Gobierno: El Registro Agrario Nacional, en el caso de un terreno ejidal, luego la liberación del INAH, Semarnat, cambio de uso forestal, seguridad pública, junta de agua potable, los manifiestos de impacto ambiental, Desarrollo Urbano en el caso de Mérida y de los ayuntamientos, que pueden llevar de un año a un año y medio.
Por eso, parte de la actualización del marco jurídico es ver que estén alineados, que protejamos también el medio ambiente y que los desarrollos cumplan con los requisitos para que la gente tenga una vivienda. Los PDU tienen que ser la clave, es la herramienta que nos puede ayudar a hacer el reordenamiento.
En el caso de los municipios cercanos a Mérida (la zona metropolitana), los PDU´s pueden realizarse con los recursos que obtienen los propios ayuntamientos, porque los desarrollos que se están impulsando en los municipios generan impuesto predial, pago por servicios de agua potable, luz, energía, recursos que deben caer en las arcas municipales.
“Pero debemos de empezar desde del PDU del gobierno del estatal, el PDU metropolitano y luego los PDU municipales. Hoy estamos en el nivel de los PDU municipales y hay que ver que el Estado no solamente esté creciendo mucho, sino que los municipios tengan también su PDU”.
No sólo los desarrollos de vivienda están creciendo, también los desarrollos industriales.
Para evitar ser defraudados por los vendedores de lotes de inversión, Viñas Heredia recomendó que en primer lugar se fijen que sean proyectos autorizados por los tres niveles de Gobierno y que revisen bien el contrato, en qué condiciones se están dando porque al final del día si hay un desarrollo que no tengan servicios todos se tendrán que poner de acuerdo para cubrir lo que falta.
“La esperanza de que el Ayuntamiento llegue a poner los servicios, el Gobierno estatal o federal o alguien que les prometa que la ciudad va a llegar hasta allá… Bueno, hemos visto historias en las que nunca han llegado”, expuso.
En caso de tratarse de un caso fraudulento, recomendó acudir a las autoridades estatales y presentar la denuncia correspondiente.
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CC