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Internacional
Fiscalía de Estados Unidos solicita cadena perpetua para Genaro García Luna
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Escrito por Edwin Farfán
Por unanimidad, los diputados de la LXIII legislatura del Estado de Yucatán aprobaron el dictamen de la comisión permanente de Justicia y Seguridad Pública, por lo cual, se reformaron y adicionaron diversos artículos a leyes en el Estado en materia de tortura y tratos crueles, inhumamos y degradantes.
Con 24 votos a favor, los diputados aprobaron esta iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), siendo que Gaspar Quintal Parra, coordinador de dicha fracción Legislativa, habló a favor de la misma en la sesión del pleno en donde exigió toda la fuerza del Estado a quienes realizan actos delictivos que amenazan la seguridad; y con el mismo énfasis, exigen el respeto a los derechos de los ciudadanos que cumplen con la ley y todos los días trabajan por sacar adelante a sus familias; pues lo primero no justifica la ausencia de lo segundo.
Entre los aspectos relevantes de la reforma aprobada están la distribución de las competencias de entre las autoridades en la materia, es decir, además de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, otras autoridades tendrán la facultad de actuar para prevenir actos de tortura y, por otro lado, se fortalecen las atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas de tortura.
Así mismo, se adicionan facultades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) para que puedan acceder inmediatamente a lugares donde se encuentren personas privadas de la libertad, para la realización de tareas de supervisión y dar cuenta de posibles violaciones a derechos humanos.
Durante agosto del año pasado, en la ciudad de Mérida se dio el caso del asesinato del joven veracruzano, quien mostró signos de tortura y violación luego de ser hallado su cuerpo.
Todo esto provocó una movilización de la sociedad en favor de que se castigara a los responsables que, supuestamente, habrían sido oficiales de la policía local.
Sin embargo, el caso del joven no avanza y los jueces siguen descartando evidencia que algunos claman es de vital importancia para demostrar la culpabilidad de lo uniformados.
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MG