La instalación de nacimientos por parte de los Ayuntamientos es sólo “la punta del iceberg” de la violación al principio del Estado laico en el país, ya que esta relación del Gobierno y la religión católica como una expresión de “tradición o cultura” ha permitido que la Iglesia intervenga en las decisiones a la hora de implementar políticas públicas, informó Janeth Medina, fundadora del colectivo Kanan Derechos Humanos.
Como informamos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo tres amparos promovidos por habitantes de Mérida, Chocholá y Mocochá, quienes demandaron a sus ayuntamientos por la instalación de estas decoraciones religiosas, porque violan el principio de laicidad.
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Janet Medina expresó que la intención de estos tres amparos no es “cancelar” las festividades, sino cuestionar y buscar herramientas que permitan regular las posturas que toman las autoridades para beneficiar a una religión cuando hay diversidad de ideologías, así como quienes no creen en ninguna.
Pero, sobre todo, recalcó que más que colocar una decoración esta relación de poder religioso y poder político tiene un trasfondo mayor en las posturas que tomen las autoridades al momento de aplicar alguna ley, generar un programa o política pública.
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“Hablamos de una unión entre Estado y religión, debajo de él hay decisiones en las que la Iglesia toma postura, sobre todo en los municipios, donde muchas veces no se puede dar acceso pleno a los derechos sexuales de las mujeres porque la Iglesia está de por medio tomando decisiones”, expresó.
Además, es necesario generar parámetros para las autoridades municipales en la que se pueda regular el gasto de recursos públicos en actividades ligadas a una religión, como las fiestas patronales o fiestas decembrinas.
“Se tendría que hacer trabajo en capacitación de laicidad, acercar a las autoridades para que conozcan esos alcances. Sería bueno un acercamiento desde el Congreso con alguna iniciativa que regule estas situaciones, con lineamientos claros de hasta dónde llega la cultura y hasta dónde es religión”.
“A veces la cultura es un pretexto para seguir dirigiendo recursos a actividades religiosas y se convierten en aspectos clientelares de los gobiernos, acciones para buscar popularidad”.
Si bien, afirmó, que este no es un tema “bien recibido” ante un Estado altamente católico, dijo que es necesario empezar a cuestionar los alcances de este principio estipulado en la Constitución a través de leyes y exhortos claros. Mientras tanto, la agrupación se encuentra en espera de la fecha de revisión por parte de la SCJN.
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CC