Yucatán

Magistrados planean revertir nueva reforma al Poder Judicial de Yucatán

El Presidente del Poder Judicial de Yucatán, Ricardo Ávila, indicó que son tres los magistrados inconformes con la reforma al órgano de justicia del Estado, y que acudirán a la SCJN para interponer un recurso de inconstitucionalidad
Dentro de las modificaciones al Poder Judicial de Yucatán está el que ahora serán 15 magistrados de 11 que son actualmente / Saraí Manzo

La reforma al Poder Judicial del Estado de Yucatán podría tomar otro matiz: algunos magistrados están considerando acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional, para lo cual tienen un plazo de 30 días.

El presidente del órgano de justicia, Ricardo Ávila Heredia, informó que tres de los integrantes han solicitado este recurso y que, actualmente, esta petición está en estudio; se requiere que al menos seis estén a favor para que la petición se presente al pleno del Tribunal Superior. Dijo que los nombres de los magistrados se los reservaba porque no se ha tomado la decisión y no tenía autorización para mencionar nombres.

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“El recurso requiere la mayoría de la decisión de los magistrados, tres magistrados lo han solicitado, está en estudio, dependerá de que, si la mayoría lo quiere, se haga; en mi caso, yo vote como vote, tendría que firmar esa iniciativa aunque yo votara en contrario. No he decidido”.

Sin embargo, en otra parte de la charla dijo que, antes de que la reforma entrara al Congreso de Yucatánél ya pensaba en retirarse para fin de año. En forma de broma dijo a los reporteros que “tal vez sea ésta la última vez que nos veamos”. Es más, pidió que los reporteros se tomaran una fotografía del recuerdo con él.

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“Yo ya había decidido al principio a fin de año retirarme porque ya rebasé la edad de retiro, yo tengo 75 años de edad y la ley, y eso no lo tocaron, establece 75 años para que los jueces y magistrados se retiren a los 75 años de forma forzosa y a los 65 de forma voluntaria”, dijo.

Por lo pronto, el magistrado-presidente no piensa retirarse a pesar de que tiene 75 años de edad y que lleva más de 15 años en el puesto y 40 años en el servicio judicial.

La “inconformidad” de quienes han solicitado la controversia es que la reforma, entre otras cosas, les retira los beneficios el concepto del “haber vitalicio”, y también porque abre a puerta para que los magistrados renuncien en un plazo de 60 días naturales.

Los pagos

Con haber vitalicio (retiro con pago de salario) solo tienen derecho en la actualidad Ricardo Ávila Heredia, Ligia Cortés Ortega y Mygdalia Rodríguez Arcovedo por tener más de 15 años de servicio y el que está a punto de cumplir el plazo requerido por la ley es Luis Felipe Esperón.

En caso quienes entren como nuevos magistrados sólo podrán cumplir 15 años de servicio y se tendrán que retirar sin haber vitalicio.

Cuando se le preguntó sobre la intención del Ejecutivo de promover la reforma para abrir la puerta para que los magistrados puedan retirarse con anticipación y dar paso para una renovación del Poder Judicial de Yucatán, Ávila Heredia dijo que “todo tiene su parte política”.

Sólo la magistrada Ada Cámara ya habló de retirarse. Pero también hay tres magistrados cuyos nombres evitó dar a conocer por prudencia que pidieron revisar la posibilidad de elevar la controversia constitucional ante la SCJN.

POR ESTO! publicó la semana pasada que el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional para con nuevos detalles y formas de operación del Poder Judicial.

Ávila Heredia dijo que no se trata de 'madruguete', sino que sencillamente él no estaba enterado del contenido de la iniciativa y tuvo que esperar a que se publicara en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán para poder expresar su opinión.

Según la información que se desprende de la iniciativa ya aprobada por los diputados, el Tribunal tendrá 15 magistrados, cuatro más que ahora.

Contrario a lo que se piensa, Ávila Heredia afirmó que los magistrados no tienen seguro de vida, tampoco vehículos o choferes. Y negó que hayan incluido a familiares suyos en puestos clave en ese poder y que si alguien está vinculado con la familia no está impedido legalmente.

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CG