En los casi seis meses que lleva cerrada la zona arqueológica de Dzibilchaltún por un desacuerdo entre ejidatarios y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la institución y el Gobierno del Estado han perdido alrededor de 3 millones y medio de pesos, pues, según los manifestantes, llegan más de 100 turistas diariamente queriendo visitar el 'Templo de las Siete Muñecas', su principal atractivo, donde la entrada tiene un costo de 197 pesos. Si la situación no se resuelve, las pérdidas para final de año serán de por lo menos 5 millones 910 mil pesos.
Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien no ha hecho comentario alguno sobre la petición de los ejidatarios que bloquean la entrada a la zona arqueológica sobre realizar un nuevo convenio, las fechas de pago, la entrega del dinero y bajo qué condiciones, continúa sin “dar la cara” para solucionar el conflicto, esto según los afectados, quienes están dispuestos a dialogar para resolver el desacuerdo de manera pacífica.
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Aunque Armando Chab Cárdenas, director Jurídico del INAH, afirmó que el conflicto por los terrenos estaba cerca de resolverse por medio del pago, que, según comentó, fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde el mes pasado, el sitio continúa cerrado, lo que deja pérdidas millonarias al instituto.
En su primera entrevista, el funcionario federal afirmó que Dzibilchaltún forma parte de un expediente expropiatorio que el INAH ha estado integrando desde hace dos años, tiene diversas etapas y uno de los sujetos de estas acciones es adquirir el núcleo central del sitio arqueológico, como una deuda histórica que el Gobierno ha tenido con los ejidatarios.
“Se tendrá un acercamiento para que el acuerdo entre todas las partes sea fructífero para la conservación y la salvaguarda del patrimonio cultural”, aseguró.
Sin embargo, los ejidatarios continúan sin tener un acercamiento con Prieto Hernández y Chab Cárdenas; sólo se comunican con el comisario ejidal Víctor Cauch Romero, quien presuntamente está presionando e incitando a los que quieren recibir el primer pago de 30 millones de pesos.
“Si aceptamos el pago sin un convenio o contrato, probablemente sea lo único que veremos. En cambio, si hacemos las cosas legales, el pago total sería de 270 millones de pesos, es decir, 771 mil 428 por persona, muchos creen que es aspirar a mucho, pero es el patrimonio de nuestros hijos y futuras generaciones. Esperamos que por medio de las páginas de POR ESTO! se haga un enlace con los directivos del INAH, y se llegue a una pronta resolución. No queremos entorpecer la labor del instituto, cuyo propósito es mantener en buen estado los vestigios, pero tampoco queremos ser timados, pedimos una plática tranquila y que nos propongan un convenio que beneficie a todos”, concluyeron.
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JG