En la Península de Yucatán, 17 de cada 100 personas encarceladas en los 12 centros penitenciarios, fueron apresadas por delitos relacionados con drogas, según datos de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios Estatales y Federal (CNSIPEF) y de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aplicadas en 2021.
De acuerdo con estos datos, el 19.6 por ciento de los delitos que cometieron las personas ingresadas a los centros penitenciaros en el país durante el 2020 se relacionó con drogas (posesión, suministro, comercio, producción, transporte o tráfico, entre otras actividades). Según el Inegi, dicho porcentaje representa un incremento del 13 por ciento durante una década.
Ahora bien, en los centros penitenciarios estatales de Campeche se registra el mayor porcentaje de presos por delitos relacionados con estupefacientes, con 6.9 por ciento del total de reos; seguido de Quintana Roo, con 5.9, y Yucatán, con 4.2 por ciento.
Sin embargo, Quintana Roo es la entidad peninsular que más personas encarceladas tiene. De hecho, según las cifras del CNSIPEF, a finales de 2020 se registró un sobrecupo del 10.8 por ciento en sus cuatro centros penitenciarios, mismos que en conjunto tienen un inventario de 2 mil 498 espacios para la población, los cuales son ocupados por un total de 2 mil 767 presos; al menos 163 individuos fueron apresados por delitos relacionados con narcóticos.
Asimismo, en los cinco centros penitenciarios de Yucatán se registraron mil 366 personas privadas de la libertad, de los cuales, 57 son por delitos vinculados con sustancias activas ilegales. En el caso de Campeche, hay tres cárceles, en las cuales se contabilizan mil 284 reos en total; 88 de ellos fueron detenidos por delitos relacionados con drogas.
Vale poner en contexto el marco legal que prohíbe ciertas sustancias, tanto del fuero común como el que atañe a delitos federales, mismos que criminalizan la posesión, transportación, producción y comercialización de diversas sustancias activas, definidas como ilícitas, como son los casos de cannabis, cocaína, opio, heroína, alucinógenos o derivados anfetamínicos. Sin embargo, hay límites diferentes y conductas que reciben sanciones específicas.
De esta manera, las autoridades judiciales del fuero común consideran delitos de narcomenudeo cuando una persona es sorprendida con ciertas cantidades de droga, mismas que deben ser inferiores a lo que resulte de multiplicar por mil el gramaje determinado en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, que estable la Ley General de Salud, y cuando no se prueben elementos para sospechar de delincuencia organizada.
Pero cuando la cantidad de sustancias rebasa lo estipulado en dicha tabla, así como en los casos donde se presuma que la posesión está destinada a realizar la producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y otras conductas relacionadas con la publicidad o propaganda del uso de drogas ilegales, entonces se tipifican como delitos contra la salud, los cuales son considerados por el fuero Federal, por lo que se sancionan de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Federal (CPF).
En ese sentido, según el CPF, todos aquellos instrumentos (celulares y computadoras, entre otros aparatos), vehículos y bienes en general (como propiedades inmuebles) usados para cometer estos delitos serán decomisados conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de dicho marco legal. Además, el artículo 194 de dicho Código determina sanciones como penas que implican la privación de la libertad de 10 a 25 años, así como multas de 100 a 500 días de salario mínimo.
Aunque en el Senado de la República se han presentado iniciativas para regular y descriminalizar drogas como la cannabis, aún no hay un conceso entre los tres Poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que las conductas relacionadas con esta planta psicoactiva dejen de ser perseguidas, ni para que se establezca un mercado legal.
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JG