Los ejidatarios de Cinco Colonias acudieron nuevamente al Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), pues ningún funcionario de la dependencia se comunicó con ellos tras un periodo que estableció la propia institución.
Su presencia obedeció a que semanas atrás entregaron un documento, pero más de 15 días después no obtuvieron respuesta. Ni siquiera una recepción oficial, a diferencia de otras oficinas de Gobierno, donde les sellaron de recibido.
Noticia destacada
Marea roja en Yucatán no representa riesgo para la salud, actividad pesquera ni vacaciones
La intención de los quejosos es llegar a un acuerdo con todas las partes, que indebidamente dispusieron de 18 hectáreas que son de su propiedad.
Para tal efecto, entregaron documentos conciliatorios al Gobierno del Estado, al IVEY, Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), Registro Público de la Propiedad, Catastro del Estado, Catastro Municipal y Ayuntamiento de Mérida, que son los involucrados en este hecho.
“Las mismas autoridades te dicen que se tiene que ver por la vía legal, pero buscamos mediar antes de demandar porque lo primero que va a preguntar el juez es si se intentó llegar a una conciliación”, explicó Marcos Albornoz Castillo. “Nosotros sólo venimos a que nos den respuesta de un oficio y mira cómo nos tratan”, se quejó.
Y es que, apenas se aproximó Juan de Dios Mena Crespo, comisario ejidal de Cinco Colonias, le cerraron la reja para negarle el acceso a la sede del IVEY.
Esto provocó una ligera rencilla con el personal de la dependencia, además de que la gente que no podía salir, también empezó a reclamar.
Finalmente, se les permitió pasar a la explanada, pero nuevamente el personal tomó medidas que incomodaron a la gente que acudía a hacer algún trámite. Esto porque se aseguró con llave la entrada a los módulos de atención.
“En el discurso dicen que tienen las puertas abiertas para todos, pero queda claro que no es así. Pareciera que hay ciudadanos de primera y nosotros somos los de segunda”, expuso Albornoz Castillo.
El trato poco servicial de la directora de la gestión estratégica, Marissa Salazar, solo confirmó esta forma de pensar. La funcionaria salió y en lugar de buscar el diálogo exigió que pasaran a hablar con ella las personas que eligió, a pesar de que los presentes le hicieron ver que Mena Crespo los representaba a todos.
Cuando llegó al lugar el asesor legal de los ejidatarios, Luis López, se le solicitó su credencial del INE, pero Marissa Salazar se negó a identificarse y se rompió el intento de diálogo.
“Está por terminar el proceso contra los invasores que interpusimos en la fiscalía. En lo que compete a los terrenos sería una demanda civil al tratarse de una propiedad privada”, explicó López.
Postura oficial
El IVEY señaló en un comunicado que a Mena Crespo se le asesoró y orientó para seguir los trámites de este caso.
“Se les explicó, al igual que en visitas anteriores, que el siguiente paso para solucionar el conflicto es por la vía legal. Cuando el Tribunal Unitario Agrario defina quién es el propietario del polígono en disputa podrá determinarse qué hacer con las tierras”, expuso.
La dependencia reiteró que las hectáreas en disputa forman parte de un terreno que durante el desahogo de un juicio de Interdicto de Apeo y Deslinde llevado a cabo ante el juzgado segundo civil por este tema, se expuso que en 1988 hubo una expropiación por parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), que luego transfirió a la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY).
“Por lo tanto, el IVEY no se apropió de los terrenos, se le otorgaron por expropiación. Como resultado de este juicio, en el que no se determinó quienes eran los propietarios, se definió que era necesario delimitar los polígonos que los ejidatarios de Cinco Colonias reclaman, lo que no se ha hecho hasta el momento”, concluyó.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información
JG