El ciudadano Gabriel Antonio Solís Herrera promovió un juicio de amparo en contra del alcalde de Kanasín, Edwin José Bojórquez Ramírez, y del regidor de Educación de esa demarcación, Aarón Solís Herrera, por actos “que violan mis garantías constitucionales con respecto de la libertad de expresión y el acceso a la información pública las cuales están sustentadas y establecidas en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna”. Por los mismos hechos, interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Yucatán (CODHEY).
El afectado señaló que éste es un acto sin precedentes en Yucatán, promovido en contra de los ediles de extracción panista en este municipio del Estado, pues ambos en sus redes sociales han bloqueado a Solís Herrera porque los cuestiona y exige rendición de cuentas; además, les niegan información pública y “anulan cualquier tipo de diálogo franco y directo que no les resulta cómodo, cuando se les pide que brinden razón de su actuar como servidores públicos con respecto de las actividades donde los ciudadanos observan despilfarro de recursos públicos, corrupción”.
Como informamos, Gabriel Solís presentó quejas ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY) por nepotismo de Bojórquez Ramírez, por favorecer a familiares con puestos en el Ayuntamiento.
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Dijo que la transformación que está experimentando el país exige ciudadanos de primer nivel que contribuyan a democratizar el ejercicio de la función y el servicio públicos, que estos no impidan la acción de los ciudadanos para exigirle cuentas a la autoridad.
Comentó que al regidor de Educación, Aarón Solís Herrera, le solicitó su plan de trabajo y un informe del ramo educativo, pero hasta hoy no le ha respondido. Indicó que desde el 7 de junio de 2022, solicitó vía plataforma nacional de transparencia la documentación referida al plan de trabajo de la regiduría que ostenta el implicado, ya que se observó que el ayuntamiento de Kanasín no estaba desarrollando un trabajo vinculado al quehacer educativo del municipio, pero la Unidad de Transparencia Municipal mediante su titular le informó que dicha solicitud con folio 310578222000065 sería prorrogada, bajo el argumento de excesivas cargas de trabajo de las personas asignadas al área responsable de facilitar la información requerida.
“Procedí a esperar el plazo indicado e incrementado por 10 días hábiles más, no obstante que debieron responder con fecha límite de entrega el 6 de julio de 2022 y aún no lo han hecho”, expuso. Entonces, tramitó la queja al INAIP bajo el amparo del artículo 143, Fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Exhortó a la ciudadanía de Kanasín a que acuda a los organismos garantes tanto de acceso a la información pública, así como aquellos que protegen la libertad de expresión y la manifestación del libre pensamiento para hacer valer sus derechos y garantizar que se pueda gozar de los derechos constitucionales.
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CC