A pesar de que en las tres entidades de la Península de Yucatán se cuenta con al menos 36 instrumentos de política ambiental y territorial, a nivel estatal, todavía hacen falta leyes, reglamentos, planes, programas, entre otros mecanismos, que tengan un enfoque especializado en mitigación, regulación, reducción, evaluación y adaptación de la población y sus territorios de cara al cambio climático.
De acuerdo con un análisis de las políticas climáticas de los Estados del país, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), de 17 instrumentos estudiados a nivel nacional, seis están especializados en cambio climático, los cuales están previstos en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC).
Mediante los instrumentos de política climática, las autoridades gubernamentales intervienen en la disminución de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, con el propósito de transitar hacia una economía baja en carbono, a reducir la vulnerabilidad, así como a robustecer la adaptación de la población, los ecosistemas y los sistemas productivos ante los efectos adversos del cambio climático, a través del uso estratégico de los recursos económicos y humanos disponibles, destaca el INECC.
Si bien, los otros 11 instrumentos analizados no tienen enfoque climático, sí están orientados al desarrollo local y son considerados estratégicos para una implementación de la política climática adecuada debido a su relación intrínseca con actividades que son importantes para la mitigación y adaptación al fenómeno ambiental, explica el Instituto.
Instrumentos de política climática, sólo 3 de 6
Por un lado, en los tres Estados de la Península, cada entidad cuenta con tres de seis instrumentos de política climática; se tratan de Leyes de Cambio Climático (LCC), programas estatales especializados (PCC) y comisiones intersecretariales en la materia (CICC).
Por el otro lado, Campeche, Quintana Roo y Yucatán carecen de reglamentos de cambio climático (RCC), evaluaciones de políticas estatales de cambio climático (IPCC) y fondos estatales (FCC) destinados a atacar este fenómeno.
Vale precisar que, aunque no cuentan con un Fondo Estatal, en 2016 los tres Estados de la región crearon el Fondo de Cambio Climático de la Península de Yucatán (FCCPY), un instrumento financiero con el cual se propuso obtener y distribuir recursos y destinarlos a gestiones que busquen “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), eliminar la deforestación, promover la restauración ambiental y acciones de adaptación para los ecosistemas y comunidades locales”, indica el sitio web del fondo.
Sin embargo, desde su creación el FCCPY no ha puesto en marcha acciones ni estrategias que den cuenta del objetivo con el que fue creado. De hecho, el sitio web no ha actualizado información desde octubre de 2021 y su página de Facebook lleva desde 2019 inactiva.
En cuanto a los instrumentos de implementación de las políticas climáticas, el INECC considera de carácter general los planes estatales de desarrollo (PED) y toma en cuenta tres temáticas adicionales a las de cambio climático: emisiones y calidad del aire, manejo de residuos sólidos y gestión territorial.
Asimismo, los instrumentos en materia de emisiones y calidad del aire, se encuentran los programas de gestión integral de la calidad del aire (PGICC), y el inventario estatal de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (IGEI); cada Entidad de la Península cuenta con estos.
Para el manejo de residuos sólidos, están las leyes estatales de manejo integral de residuos (LMIR) y sus respectivos reglamentos, así como los programas estatales para la gestión, manejo y disposición final de los residuos (PMIR); en este aspecto, solo Campeche carece del reglamento de la ley estatal de manejo de residuos (RLMIR).
Mientras que, en materia de gestión territorial a nivel estatal, están los planes o programas de desarrollo urbano (PDU), programas de ordenamiento ecológico territorial (POET), atlas de riesgo (AR), reglamentos de construcción (RC) y planes o programas de movilidad (PM).
En esa línea, los estados de Campeche y Quintana Roo no tienen programas de ordenamiento ecológico, mientras que, junto con Yucatán, la región carece de reglamentos de construcción a nivel estatal. Hay que precisar que, este último instrumento, sólo lo desarrollan los municipios a su criterio, una situación que puede derivar en cambios de uso de suelo que tengan impacto adverso en el entorno.
Una de las consecuencias de esta falta de regulación en la construcción está en que empresas constructoras edifiquen inmuebles en terrenos no aptos y que recurran al uso de materiales de mala calidad o que tengan un impacto adverso en el medio ambiente. Por ello, contar con un marco legal brinda certidumbre y seguridad a la sociedad, así como límites en materia inmobiliaria.
Ahora bien, el propósito del estudio es precisamente formular, implementar y evaluar las políticas en materia de cambio climático subnacionales que sigan los principios establecidos en el marco legal, así como en los acuerdos internacionales de los cuales México forma parte.
De esta manera, las autoridades estatales y municipales tienen el deber de “formular instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación” del alcance de acciones para mitigar los efectos adversos del cambio climático, incluso implementar acciones para adaptarse a dicho fenómeno.
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JG