El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunció la presencia de personas que se hacen pasar por funcionarios federales para “asesorar” a los ejidatarios en los cobros que deben hacer a la dependencia por los terrenos expropiados, por lo que interpondrá la querella por usurpación de funciones y otros delitos, señaló José Arturo Chab Cárdenas, director del Centro INAH-Yucatán.
Ante el pago que se otorgó a los ejidatarios de Chablekal, comisaría de Mérida, por sus tierras en Dzibilchaltún, así como el proceso de indemnización de los terrenos de Uxmal y la propuesta para expropiar el área ejidal de Chichén Itzá, aparecieron supuestos funcionarios que asesoran a los campesinos de Ek´Balam.
Por este motivo la institución interpondrá una denuncia penal en contra de personas que usurpan funciones, ya que se acreditan como “asesores del Gobierno federal”.
Incluso cuentan con credenciales apócrifas que los avalan como “empleados del Gobierno federal”, recomendó no dejarse convencer por esta clase de gente.
“En la administración pública federal no existe grupo alguno de asesores que visite a las comunidades en las que tiene una relación con el INAH o el propio Gobierno federal”, aseguró.
Sugirió a los alcaldes, funcionarios municipales, comisarios ejidales, así como a los artesanos, que no se dejen engañar, ya que ni el INAH ni el Gobierno federal realizan visitas a través de “asesores jurídicos”.
Asimismo, los convocó a que acudan a las delegaciones del INAH o de la Secretaría de Gobernación para que se asesoren o realicen sus trámites, todo esto de manera gratuita.
El problema radica en los beneficios que el INAH ha brindado a los ejidatarios de diversas poblaciones aledañas a las zonas arqueológicas.
El 13 de julio de 2022 se realizó el primer pago a favor del núcleo agrario de Chablekal por la expropiación de la zona arqueológica de Dzibilchaltún, por un monto total por 30 millones de pesos.
Asimismo, el 27 de diciembre de 2022 se anunció la adquisición de las más de 57 hectáreas que conforman el núcleo de la zona arqueológica de Uxmal, cuyo monto del terreno es evaluado para indemnizar a los ejidatarios para comprar conforme a la ley la superficie donde se encuentran los principales monumentos arqueológicos, como son el Templo del Adivino, el Palacio del Gobernador y el patio hundido, principalmente.
Ante la protesta y cierre de la carretera 180, específicamente en el tramo de Xcalakoop-Pisté, por parte de los ejidatarios, artesanos, ambulantes y guías de turistas de Chichén Itzá, se estableció el compromiso del Gobierno federal de adquirir los terrenos ejidales.
Por ende, los campesinos de Ek’Balam quieren obtener recursos, pero de acuerdo con el funcionario federal, están mal asesorados, ya que en el sitio no hay terrenos ejidales.
Hasta ahora ya son cuatro de 17 zonas arqueológicas abiertas al público, ubicadas en 12 municipios, por lo que podría haber problemas con el caso de Acanceh, Aké, Chacmultún, Grutas de Balancanché, Grutas de Loltún, Izamal, Kabah, Labná, Mayapán, Oxkintok, Sayil, Xcambó e Xlapac.
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AA